Termina la era de la selectividad y estalla «la guerra de las reválidas»

El Real Decreto de fecha 20 de noviembre de 2015, del Gobierno central, señala que al finalizar el sexto curso de Educación Primaria se realizará una prueba de evaluación externa individualizada al alumnado de todos los centros docentes de España. El resultado se trasladará a un informe que será entregado los padres y trasladado a los centros en los que tengan que proseguir los estudios. En cualquier caso no habrá identificación de datos de carácter personal.

Y añade que el informe tendrá como finalidad comprobar el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de matemáticas y de las competencias básicas en ciencia y tecnolog ía, así como el logro de los objetivos de la etapa.

La Consejería de Educación, por su parte, a través de una instrucción fechada el 16 de mayo, determinó que la evaluación (en ningún caso una prueba o examen) a realizar en Andalucía sería como parte del proceso de valoración continua y global de los alumnos, y que se llevaría a cabo por el equipo docente de los centros (no externo), con carácter informativo y orientador, por lo que los resultados no afectarán a las calificaciones académicas del alumnado.

La instrucción de la Consejería de Educación está firmada por el director general de Ordenación Educativa, Abelardo de la Rosa, extremo que no ha sido pasado por alto por parte de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE). Esta organización señala en un escrito que en la comunicación de la Consejería se ordena a la Inspección de Educación que se reúna con los equipos directivos de los centros para informar y asesorar sobre el adecuado cumplimiento de la instrucción. Pero se da la circunstancia de que el director general carece de competencias sobre la Inspección, no así el titular de la Viceconsejería.

Además, subraya USIE que dado que el Real Decreto es una norma básica de obligado cumplimiento, el contenido de la instrucción constituiría un incumplimiento de la legalidad por parte de la Consejería de Educación.

En este mismo sentido cabe recordar que el Ministerio ha remitido en los últimos días a la Consejería un requerimiento y posteriormente un apercibimiento para que rectifique y cumpla estrictamente el contenido del Real Decreto . Un portavoz del Ministerio aseguró a este periódico que si el Gobierno andaluz no dar marcha atrás, el desenlace será la presentación de un contencioso administrativo.

Las discrepancias de la Junta con el Gobierno central no se limitan a Sexto de Primaria. En principio todo parecía indicar que existía un consenso sobre la reválida de Bachillerato para el acceso, o no, a la Universidad, a implantar en el próximo curso . Pero se ha desvanecido. Según la Junta de Andalucía, en la actualidad los alumnos consiguen el título de Bachillerato a medida que van superando los objetivos. Con la aplicación de Lomce, sostiene ahora la Consejería, el estudiante se verá sometido a una evaluación ajena al proceso de aprendizaje, tenga o no intención de continuar sus estudios en la Universidad.