«Si eres funcionaria y te quedas embarazada, la Junta de Andalucía te perjudica sin el plus de productividad»

De ello da fe una funcionaria autonómica que ha emprendido su particular cruzada contra la «discriminación por sexo» a la que se ven sometidas las embarazadas de la Junta de Andalucía que sufren un perjuicio económico en su nómina cuando su deseo de maternidad va acompañado de una baja médica por riesgo de aborto.

La Dirección-gerencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el organismo para el que trabaja esta funcionaria, que pide al periodista ser identificada por sus iniciales, D.I.R.S., le retiró el complemento de productividad que, por ejemplo, sí paga al personal laboral de la misma agencia pública por darse de baja por este motivo o a los liberados sindicales que tiene la Administración, que no pierden sus pluses.

La queja ha llegado al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha dado la razón a la funcionaria en su cruzada legal e insta a la Junta para que garantice que «las empleadas públicas en situación de incapacidad temporal por embarazo de riesgo puedan percibir el complemento de productividad que les pudiera corresponder durante esta situación», según la resolución del Defensor del pasado 31 de octubre, a la que ha tenido acceso ABC, que se basa en abundante jurisprudencia. Hasta el día de ayer no había recibido respuesta de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, cargo que ostenta por sustitución una mujer, la actual secretaria general para la Administración Pública, Lidia Sánchez.

La historia de esta aprendiza de David contra el todopoderoso Goliat de la Junta se remonta a junio de 2015, cuando le fue diagnosticado un embarazo ectópico por el que tuvo que ser intervenida con urgencia.Con posterioridad se dio de baja dos veces más y perdió el bebé que esperaba. Hasta diciembre de 2017 no vio cumplido su sueño de ser madre .

Tras sufrir un episodio de sangrado en la cuarta semana de gestación, el médico le prescribió guardar reposo absoluto en su casa desde abril de ese mismo año. Fue entonces cuando se topó con la desagradable sorpresa de que le habían detraído de la nómina el plus de productividad que se reparte entre los funcionarios de su servicio de Promoción y Desarrollo Local.

El 1 de agosto de 2017, D.I.R.S. envió el primer escrito al servicio de Recursos Humanos de la Consejería de Empleo, a la secretaria general del SAE y a la viceconsejera de Empleo, Pilar Serrano. Según relata, amparándose en una nota informativa del 6 de marzo de 2017 del jefe de Servicio de Retribuciones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el Servicio de Personal de la agencia pública considera que un embarazo de riesgo es una enfermedad común . «Está considerando a las funcionarias que causen baja por amenaza de aborto o riesgo por embarazo como“ausentes” de sus puestos de trabajo hasta la fecha de su incorporación, dejando de abonar este concepto por la única razón de su embarazo», lamentaba.

Su batalla, aclara a ABC, no persigue recuperar un dinero que, no ha cuantificado y que puede rondar los 400 euros. «Yo lo que quiero es modificar la ley para situaciones de este tipo no se repitan», puntualiza.

En su escrito dirigido a distintas autoridades competentes, la funcionaria pedía que rectificara. Denuncia que este pejuicio económico, derivado de sus sucesivas intervenciones médicas, riesgos y abortos, le «está causando una discriminación por razón de sexo vulnerando mi legítima decisión de ser madre al verse limitados y desincentivados sus derechos económicos». Derechos que, asegura, están «amparados» por la legislación vigente, doctrina constitucional y jurisprudencial del Tribunal Supremo que aporta.

Cansada de esperar durante meses una respuesta de la Junta, el 4 de diciembre de 2017 eleva una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. En ella ponía de manifiesto «la desigualdad y discriminación entre los propios trabajadores de la Junta de Andalucía, dado que si eres mujer y funcionaria y te quedas embarazada te perjudican sin abono de la productividad , dependiendo, eso sí, de la Consejería a la que pertenezcas, puesto que no hay un criterio unificado». Sin embargo, «si eres laboral o liberada sindical no se planteán ningún tipo de interpretación y se abonan íntegramente todos los conceptos».

La única respuesta (hasta la fecha) de la Junta, tras dos requerimientos infructuosos de Maeztu, llega a la Oficina del Defensor el 20 de junio. En ella la Dirección del SAE deniega el abono de la productividad alegando que no es una «retribución fija y periódica, sino que depende, además de las disponibilidades presupuestarias, de la evaluación que se efectúe cuatrimestralmente». Desde la Junta argumentan que existe «una confusión entre la situación protegida de “riesgo durante el embarazo” y la patología de “embarazo de riesgo”. Apela al Real Decreto 295/2009 de 6 de marzo por el que regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que estipula que «no se considerará situación protegida la derivada de riesgos o patologías que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora o del feto».

La negativa de la Junta, contra la que la funcionaria presentó alegaciones, es desmontada por el Defensor del Pueblo Andaluz. Reproduce una queja resuelta por la Defensora nacional en 2015, Soledad Becerril, que consideraba «dicha discriminación» como «contraria a las normas jurídicas» en un caso parecido.

«Esta situación de perjuicio o trato peyorativo en que podría encontrarse la interesada en esta situación derivaría de su condición de mujer, debiéndose en exclusiva al hecho de hallarse en situación de baja laboral por embarazo de riesgo dentro de un proceso de maternidad, situación en la que sólo es posible que se encuentre una persona si es mujer », concluye Maeztu, que recomienda a la Junta tomar «las acciones oportunas» para cambiar la ley. Le recuerda que está en su mano revertir este desigual trato. Basta con tener voluntad. Puso como ejemplo el acuerdo que adoptó el Consejo de Gobierno en 2008 para garantizar el plus de productividad a sus liberados sindicales.