Segunda condena de la Justicia al expolio de los ERE en Andalucía

La resolución representa un nuevo reproche penal sin paliativos a los casi 37 años de gobierno del PSOE en Andalucía . «Nos encontramos ante irregularidades e ilegalidades clamorosas, de bulto, que evidencian el desprecio a normas de obligado cumplimiento», censura la sentencia.

El tribunal impone una pena de siete años y un día de prisión al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y su inhabilitación absoluta de 17 años y 15 días por su intervención en las subvenciones concedidas a la empresa Acyco para prejubilar a 36 trabajadores. Lo considera autor de delitos continuados de prevaricación y de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos. Lo exculpa del delito de tráfico de influencias.

Por segunda vez, la Justicia pone en cuestión la gestión socialista de las políticas de empleo. La Sección Primera de la Audiencia, que ya enjuició el sistema ilegal de ayudas, condenó a los dos expresidentes andaluces y a 17 ex altos cargos más el 19 de noviembre de 2019 . Entre ellos estaban el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdirector de Trabajo Juan Márquez. Ambos han sido sancionados otra vez por las ayudas de 3 millones de euros concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) para financiar un ERE con dos intrusos y en el que se incluyó la propia presidenta de la compañía.

Fernández, el único exconsejero que ha pisado la prisión por este caso , ya suma penas de casi 15 años de cárcel, pero no entrará en el penal hasta que las sentencias sean firmes. En la pieza política había sido condenado a siete años y 11 meses de prisión por malversación y prevaricación. Y está procesado por las sobrecomisiones de los ERE . La mayor trama de corrupción de la historia de Andalucía está fragmentada en 138 piezas, una por cada empresa beneficiaria del fondo ilegal.

En su sentencia, los magistrados contradicen a los condenados al calificar de «meros errores administrativos» hechos de «especial gravedad». «Con la arbitraria concesión de la ayuda a Acyco, se ha permitido un desvío injustificado e ilegal de caudales públicos a favor de terceros, aceptado y consentido por las autoridades y funcionarios actuantes», advierten.

La teoría de la confabulación también planea sobre esta ayuda. Los delitos se prolongan en el tiempo por parte de los acusados, «produciéndose nuevas contrataciones, órdenes de pago y facturaciones falsas , así como autorizaciones de pago que responden a una concertación entre los acusados que permitió llevar a efecto lo ilegítimamente ideado», desde 2003 a 2010.

La Sección Séptima de la Audiencia, que resuelve los recursos de los ERE, había excluido a dos de los ex altos cargos condenados en la causa política , entre ellos Fernández, bajo el argumento de que no podían volver a ser juzgados por los mismos hechos que en el primer juicio sobre el sistema de ayudas. Pero la Sección Tercera no hizo caso a las defensas que pidieron suspender el juicio y decidió mantenerlos en el banquillo. « Los hechos no han sido enjuiciados », rebate la sala. Será el Tribunal Supremo el que resuelva esta contradicción entre dos órganos judiciales –el que exculpa y el que incrimina– porque las defensas van a volver a plantearlo para solicitar la absolución de los afectados.

La sala ha condenado a cuatro años y un día de prisión al ex director general de Trabajo Juan Márquez y diez años de inhabilitación absoluta por los mismos delitos que Fernández. Su antecesor en el cargo, Francisco Javier Guerrero, se libra de la sanción penal porque falleció cuando se estaba desarrollando el juicio. Pero la Audiencia le atribuye la inclusión de dos intrusos en el ERE a los que conocía.

Han sido absueltos tres antiguos altos cargos de la Junta: el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá ; el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera y el ex director general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano . Todos, salvo Rivera, ya fueron condenados en la pieza política de los ERE.

Los otros cinco sancionados con penas que de entre dos y cinco años de prisión son la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto , el director de Recursos Humanos de la empresa y el abogado de un bufete como cooperadores necesarios de los delitos. También son condenados a penas de cárcel dos mediadores de Vitalia. Seis de los siete condenados por las ayudas –salvo Márquez– deberán indemnizar a la Junta con 3 millones de euros , de manera conjunta y solidaria. El tribunal declara como responsables civiles subsidiarios a la empresa agroalimentaria que adquirió Acyco y al despacho de abogados que asesoró a la empresa beneficiaria.