Los rectores piden a la Junta que premie a las universidades más investigadoras

Estos serían, de forma resumida, los principales criterios que, según los rectores de las universidades públicas andaluzas, debería tener en cuenta el Gobierno que preside Susana Díaz para darle forma al nuevo modelo de financiación de estos centros del saber.

Diez universidades que en los últimos años han pasado por serias dificultades económica, si bien ahora sus máximos responsables admiten que en esta legislatura, con Antonio Ramírez de Arellano al frente de la Consejería de Economía y Conocimiento (a la que están adscritas las instituciones académicas), la situación ha mejorado sustancialmente. Así, una deuda que llegó a acercarse en 2013 a los 1.000 millones, ha quedado reducid a a unos 300, (o a poco más de 200 si las cuentas son de las universidades o de la Junta), merced a un sistema de pagos mensuales que ha permitido también que los proveedores cobren en la mayoría de los casos dentro del plazo legal, en menos de 30 días. Además, existe un mandato del Parlamento para que el Gobierno andaluz abone todas las cantidades pendientes (incluidas las de los programas de investigación) antes de que finalice el presente año.

La clave está en el término «suficiencia financiera». Y en la práctica el objetivo sería pasar del 0,96 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz a un mínimo del 1,5 por ciento, aunque lo ideal, dice la rectora de la Universidad de Granada , Pilar Aranda , es alcanzar la media de la Unión Europea, que está en el 2,02 por ciento. El rector de Huelva , Francisco Ruiz , propone que el modelo debería aportar a las universidades públicas el 1,3 por ciento del PIB andaluz, la media de la inversión pública universitaria a nivel nacional.

Vicente Guzmán , rector de la Universidad Pablo de Olavide , de Sevilla, opina que lo primero que habría que hacer es «auditar los gastos fijos de las universidades, y luego garantizar las cantidades incondicionadas y prever su incremento anual en función de las necesidades de los centros».

El siguiente paso sería un sistema de financiación con elementos competitivos y vinculados a la consecución de objetivos . Y lo último, una financiación de las infraestructuras «para asegurar que las necesidades de edificios y de equipamientos quedarían cubiertas para los próximos cinco años».

El rector de la Universidad de Sevilla , Miguel Ángel Castro , entiende que para «medir» la segunda de las cantidades, la vinculada a los retos, se debe recurrir a la productividad científica, al número de patentes o al número de alumnos internacionales . En su opinión, los incentivos condicionados a los resultados deben ser flexibles, para ser susceptibles de modificación en función de la realidad.

Carmelo Rodríguez , rector de la Universidad de Almería , entiende que sería injusto «penalizar» a las instituciones que han sido «comedidas y responsables en la gestión de los recursos». Insiste en la idea de concebir un sistema «dentro de la estabilidad presupuestaria, en el que aquellas universidades que han generado remanentes como consecuencia de una buena gestión de sus recursos, puedan utilizarlos para financiar inversiones y hacer frente a la necesaria modernización que las infraestructuras universitarias requieren».

Según el rector de la Universidad de Córdoba , José Carlos Gómez , el nuevo sistema, además de ser mejor que el anterior, debe atender las «singularidades» de cada Universidad, como el perfil investigador o la experimentalidad de sus materias. Cree, por otra parte, que lo justo es valorar el sistema una vez implantado, y añade que en estos momentos se está negociando y que las conversaciones «están siendo intensas».

Para el rector de la Universidad de Jaén , Juan Gómez , el sistema debe contar con los siguientes criterios: alineación de estrategias, consenso, suficiencia financiera, eficiencia, equidad, transparencia y mecanismos de corresponsabilidad. «Cualquier imposición llevaría al fracaso», advierte.

José Ángel Narváez , rector de la Universidad de Málaga , apuesta por un modelo «más sencillo, más simple y cercano a los planes estratégicos, a la internacionalización y al desarrollo de las nuevas tecnologías y basado en resultados».

Difícil es encontrar una iniciativa del Gobierno andaluz que no incluya el compromiso de la reducción de trabas administrativas. Pues precisamente de un exceso de burocracia se lamentan los rectores, y todos coinciden en que es necesario solventar esta cuestión. En este punto la rectora granadina es contundente: «La burocratización de la gestión de la investigación es un problema. Es tremenda y nos está constriñendo mucho». Aranda exige «normas claras y sencillas» y que las justificaciones sean «a posteriori. Somos un servicio público y estamos sometidos a todos los controles que quieran las administraciones».

El rector de la US, Miguel Ángel Castro , critica igualmente la «incapacidad administrativa» para abordar correctamente la cuestión de las justificaciones, algo que, asegura, está al margen de los problemas presupuestarios .

El actual modelo de financiación establece que el 70 por ciento debe proceder del presupuesto de la Junta , y el restante 30 por ciento de otros fondos públicos y privados. De cara al futuro, los rectores coinciden en subrayar la importancia de la colaboración de las empresas particulares.

Juan Gómez, de la Universidad de Jaén, subraya que en el nuevo modelo la «cláusula» referida a los fondos privados debe mantenerse «y lo más importante, articular medidas para su cumplimiento». El onubense Francisco Ruiz opina que la aportación privada no debe superar el 15 por ciento del presupuesto total.

José Carlos Gómez (Córdoba), indica al respecto que es muy importante «incentivar la captación de fondos del sector privado. Pero determinados aspectos del funcionamiento deben estar garantizados por el propio sistema de financiación si queremos tener un sistema universitario de calidad».

El malagueño José Ángel Narváez considera que «la financiación básica de las universidades públicas no debe depender de la aportación privada, aunque ésta última sería deseable (como extra) con el fin de aumentar los recursos para los objetivos estratégicos de cada universidad».

Vicente Guzmán , de la Pablo de Olavide, no duda de la importancia de la iniciativa privada, si bien manifiesta que «en España hay un problema sin resolver, que es la adecuada conexión entre la universidad y el mundo empresarial. La iniciativa privada debería ser capaz de contribuir a la financiación de las universidades públicas. para eso –añade– sería bueno tener unas leyes de mecenazgo que fueran más fuertes que las actuales. Y si una empresa quiere invertir y financiar proyectos de investigación en la univesidad, que le reporte beneficios fiscales o de otra clase. Las bonificaciones son tan pobres que hace que las universidades se lo piensen».

Pilar Aranda, rectora de Granada, comenta que le encanta la financiación pública al cien por cien. «Pero también es bueno que se colabore con la empresa privada , de ahí que fomentemos una serie de contratos. Tenemos que ayudar a solventar a las empresas aquellos problemas que puedan resolverse a través de la investigación»

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro , afirma que «nuestro principal financiador es la Junta. Y como apoyo o complemento el sector privado debe participar. Es cierto que los procedimientos actuales de mecenazgo no ayudan, pero también es verdad que hay otros mecanismos. La Universidad de Sevilla, en el ejercicio último entre sus tres fundaciones de investigación hemos facturado 32 millones de euros. No es poco para un presupuesto general de 424 millones».

El rector de Cádiz no ha atendido la petición de ABC para elaborar este reportaje.