El PSOE se queda aislado en el Parlamento ante los casos de corrupción

Se debatía por primera vez la sentencia de los ERE en la Cámara tras la sentencia, un asunto llevado a la sesión por el propio Gobierno andaluz que no quería dejar pasar la oportunidad de que este asunto constara en las actas del Parlamento para la posteridad. Y el resultado fue el previsto, todos los grupos políticos arremetieron contra un PSOE que se quedó arrinconado y que sólo pudo salir dignamente de la sesión por la habilidad parlamentaria de Jiménez Barrios quien inició su intervención asegurando que la bancada socialista no va a defender a quienes han sido condenados por la Justicia. Y, efectivamente, así lo hizo. Ni un alegato en favor de sus excompañeros condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos.

Una vez fuera de juego los condenados por la Justicia, los expresidentes Chaves y Griñán y otros diecisiete exaltos cargos de la Junta, Susana Díaz se ha convertido en el objetivo político a batir ya que entienden que los EREno son cosa del pasado — «es del PSOE actual, del de Susana Díaz», decía con vehemencia la número dos del PP andaluz, Loles López — puesto que fue la expresidenta la que ordenó a los servicios jurídicos de la Junta no acusar en el caso y pedir el archivo de la misma. Una decisión que ha impedido recuperar algo del dinero malversado por la vía de la responsabilidad civil de los condenados, que ahora será difícil reclamar y que no se hará antes de que la sentencia sea firme.

Con este argumento común que esgrimieron todo los portavoces de los grupos, Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, advertía que el PSOE va a tardar en recuperarse porque este caso «va a dar para dos legislaturas» debido a los doscientos procedimientos pendientes relativos a las ayudas concretas que recibieron las empresas beneficiadas con los ERE fraudulentos. «No sé de qué se ríen. Tendrían que pedir perdón a los andaluces todos los días», dijo Bendodo a los socialistas que lo increparon e interrumpieron en diferentes ocasiones durante su intervención. Una actitud que también se produjo en la bancada popular cuando quien intervino fue la secretaria general del PP andaluz, Loles López, quien subió a la tribuna de oradores del Parlamento con los 1.800 folios que componen la sentencia.

En este escenario, cada grupo barrió para su casa. Desde Ciudadanos, Carlos Hernández recordaba que habían sido ellos los que habían exigido las actas de diputado y senador de Chaves y Griñán, respectivamente, «por lo que han sido juzgados por la justicia ordinaria». Por parte de Vox, Alejandro Hernández insistía en que, aunque la sentencia no lo recogía así, el PSOE era culpable de financiación ilegal ya que se había beneficiado del dinero de los ERE para perpetuarse en el poder.

Adelante Andalucía quiere, además, ir más allá y ha presentado una proposición no de ley para reprobar a los gobiernos socialistas de Susana Díaz , Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el Parlamento, una propuesta que podría no salir adelante por falta de fundamento jurídico pero que ya ha logrado una parte de su objetivo político: demostrar que el pacto en Madrid entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no va a tapar la boca a Adelante Andalucía y mucho menos si el asunto hace referencia a Susana Díaz.

Mientras se resuelve este asunto y se debate o no en el próximo pleno, su portavoz, Ángela Aguilera, pidió la dimisión de Susana Díaz ya que, tras la sentencia , considera que no es «digna» de ocupar un escaño en la Cámara, «porque avergüenza a los andaluces y a muchos socialistas de bien».

Pero este no fue el único caso de corrupción que sobrevoló ayer al PSOE en el Parlamento. La Mesa, el órgano de gobierno de la institución, decidió trasladar a la Fiscalía el comportamiento de Manuel Chaves, la ausencia de María Jesús Montero y la negativa a declarar de los exconsejeros de Empleo Antonio Ramírez de Arellano, José Sánchez Maldonado y Javier Carnero ante la comisión de investigación de la Faffe en la sesión que se celebró el pasado 7 de noviembre por si considera que han cometido un delito de desobediencia civil recogido en el artículo 502 del Código Penal.

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet , se reunirá con el letrado mayor, Javier Pardo, y el letrado secretario de la comisión, Ángel Marrero, para decidir qué documentación se traslada a la Fiscalía para que analice los comportamientos de estos exaltos cargos que debían declarar ante esta comisión que investiga por qué dinero público de una fundación de la Junta terminó en juergas, fiestas y varios prostíbulos de Andalucía.

Tanto Manuel Chaves como los tres exconsejeros siguieron la misma estrategia , acogiéndose a su derecho a no declarar y evitando dar explicaciones en el Parlamento. María Jesús Montero simplemente no acudió argumentando que una ministra sólo tiene que dar explicaciones ante las Cortes Generales y obviando que había sido llamada en su calidad de exconsejera. Susana Díaz y José Antonio Griñán no se dieron por notificados a pesar de los intentos del Parlamento y probablemente volverán a ser citados por la comisión de investigación.

Pero ni la corrupción de décadas de gobiernos socialistas ni la sentencia del caso ERE han terminado en esta sesión porque este jueves, en las preguntas al presidente Juanma Moreno, Ciudadanos volverá a sacar el tema a relucir . En el PSOE reconocen el duro golpe y están estudiando cómo hacer frente a los envites que les quedan por delante.