La pieza política del caso Formación se desinfla con la juez Núñez

La comparecencia en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla del anterior interventor general de la Junta de Andalucía, Adolfo García Fernández —que dimitió en plena investigación judicial de los cursos—, cerró ayer la ronda de declaraciones de una de las nueve piezas en que Núñez desgajó la macrocausa de formación, la que afecta a los exresponsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Alaya abanderó la tesis de que el fraude masivo de los cursos no pudo ser posible sin que desde la Consejería de Empleo dieran «órdenes» a las distintas delegaciones provinciales «para que no se controlara el dinero», tal y como sucedía en los ERE, porque en el fondo, pensaba, todos los escándalos eran variantes de un mismo caso: el del PSOE y la Junta de Andalucía. Pero la tesis de la «red del clientelismo político» está perdiendo enteros y camina inexorable hacia su archivo, al menos en lo que atañe a la pieza del SAE. Ésta no es sólo una impresión extendida entre abogados, ya sean de la defensa o de la acusación, sino que se apoya en datos objetivos. Núñez no ha pedido nuevos informes a la Guardia Civil sobre los exresponsables de Empleo.

Es más, «desde que se fue Alaya ya nadie ha vuelto a hablar ni a preguntar a los que han ido declarando en el juzgado por ese plan concertado en Empleo que mencionaba en sus autos», asegura un letrado personado en la causa. « El caso se está cayendo », apuntaba otro que cree que la pieza política puede diluirse en meras irregularidades administrativas sin repercusión penal , lo que no afectaría al resto de entramados empresariales que captaron fondos. De hecho, la mayoría de los interventores de la Junta de las siete provincias andaluzas que han pasado por los juzgados, con algunas excepciones, señalaron que sólo habían apreciado irregularidades administrativas y negaron los indicios de delito.

Por si había pocos elementos para abonar las sospechas, ayer se sumó uno más durante la declaración del exinterventor general . Adolfo García declaró que había asistido a unas ponencias en las que expertos cuestionaron llevar a la vía penal irregularidades administrativas como las de los cursos. Ni corta ni perezosa, en un gesto insólito, la magistrada le pidió que le mandara al juzgado tales ponencias, según informaron fuentes judiciales. A preguntas de la letrada del PP Lourdes Fuster , el exinterventor reconoció que había riesgo de «menoscabo de fondos» en dos de los ocho informes de actuación que firmó y remitió a la Consejería de Empleo y por tanto, existía el temor a que prescribiera el derecho a reclamar algunas ayudas.

En el informe que Alaya envió al Consejo General del Poder Judicial en junio de 2015 en un intento vano por seguir instruyendo el caso ERE, uno de los argumentos que empleó para cuestionar a Núñez fue la división de la investigación respecto a las delegaciones provinciales y los servicios centrales de Empleo. « Pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación -malversación para convertirlo en irregularidades administrativas», auguró. El tiempo dirá si estaba en lo cierto.