Los pacientes del SAS: mucha lista de espera, pero ninguna reclamación tramitada en 18 años

Sin embargo, si el lector hiciera una encuesta en su entorno, no tendría problema en hallar ejemplos de familiares y amigos sometidos a demoras tan injustificadas como exasperantes para ser intervenidos o para acudir a un especialista. Teniendo en cuenta que el Gobierno actual de PP y Ciudadanos encontró a 506.408 pacientes excluidos de las listas de espera quirúrgicas y de consultas especializadas , a nadie puede extrañar que abunden las quejas. Pero son muy pocos los que superan la fase de las lamentaciones y acaban presentando una reclamación por escrito.

Desde octubre de 2001, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) garantiza por decreto que realizará determinadas intervenciones quirúrgicas en 180, 120 o 90 días y que el enfermo podrá ver al especialista en un plazo máximo de 60 días y que en 30 días tendrá las pruebas diagnósticas que precise. El decreto de garantías de tiempo de respuesta para operaciones –y las posteriores órdenes que lo desarrollan– establece que en el caso de que los plazos de espera se superaran, el ciudadano puede ser intervenido en un centro privado y endosarle la factura al Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA). Ésa es la teoría. La práctica es otra cosa.

Desde que entró en vigor la norma, el 3 de octubre de 2001, hasta el 20 de octubre de 2019, ningún paciente de la sanidad pública ha reclamado al SAS el coste de una operación privada. Así lo confirma la Consejería de Salud y Familias en la respuesta facilitada a una petición de información formulada por este periodista de ABC a través del Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía . La resolución está fechada el 31 de octubre pasado y lleva la firma de Diego Agustín Vargas Ortega , director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. Este periódico se interesó por el número de reclamaciones presentadas por usuarios que han acudido a la sanidad privada amparándose en el incumplimiento del plazo de garantías.

En la citada resolución, Salud informa de que en los últimos 18 años sólo doce pacientes llegaron a inscribirse en el Registro de Demanda Quirúrgica (RDQ) para solicitar la realización de una intervención quirúrgica indicada por un especialista del SAS en un hospital privado. De los doce pacientes que formalizaron su petición, según los datos recogidos en la plataforma informática que gestiona las listas de espera y la aplicación de la garantía de plazos de respuesta, ninguno «la ha hecho efectiva». Es decir, en ninguno de estos casos «el paciente ha sido intervenido en un centro privado».

Estos doce pacientes habían presentado «solicitudes de los documentos acreditativos de la garantía», es decir, habían dejado constancia por escrito de que se había rebasado el plazo máximo estipulado para ser intervenidos en un centro público y habían indicado el coste que la Junta de Andalucía debe abonarle, como máximo, por someterse a dicha operación en la sanidad privada. Se trata de un trámite farragoso que exige la presentación de formularios y abundante documentación, lo que disuade a cualquiera de intentarlo.

En el registro informático quedan reflejadas las situaciones –los denominados «eventos»– de cada inscrito en lista de espera y se recogen los motivos que llevaron a los doce pacientes a renunciar a este derecho .

Diez de ellos « no se marcharon a un centro privado y aceptaron la fecha de intervención que se les ofertó» en otro hospital público, «por lo que fueron intervenidos» y no llegaron a completar el proceso burocrático de la reclamación, según especifica el alto cargo del SAS. Otro paciente «se dio de baja voluntariamente» del registro en 2019 «sin aceptar la fecha de intervención que se le proponía por parte del centro, decidiendo no intervenirse». El último paciente, menor de edad, presentaba un problema cardíaco y «fue revaluado por su especialista y tras las nuevas pruebas, se le contraindicó en ese momento la intervención».

Estos doce casos se concentran entre 2015 y 2019, coincidiendo con el aumento de las listas de espera. Preguntado por el número de demandas contencioso-administrativas interpuestas en los juzgados por estos retrasos, el SAS contesta que «no consta ningún procedimiento de esta naturaleza».

Cada operación que realiza o servicio que presta el SAS tiene un coste que desconocen los ciudadanos, instalados en la falsa creencia de que lo público es gratis. El 27 de octubre de 2005, el BOJA difundió los precios públicos de los servicios sanitarios prestados por centros dependientes del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Esta tabla ha ido renovándose desde entonces para adecuar los precios al mercado . Estos precios son un punto de referencia para el SAS a la hora de facturarles a las compañías aseguradoras las pruebas diagnósticas u operaciones que realizan a usuarios extranjeros sin tarjeta sanitaria. Conforme al extenso catálogo de servicios, se cobra a las mutuas por los accidentes laborales y a los seguros por siniestros de circulación.