La nueva ley urbanística sólo regulará 25.000 de las 300.000 viviendas ilegales que hay en Andalucía

La normativa, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio , pretende resolver un problema no sólo administrativo sino también paisajístico, territorial y social ya que muchas de estas viviendas se construyeron de buena fe por parte de sus propietarios, aunque otras han sido fruto de la especulación urbanística, de la manga ancha de los ayuntamientos que, en los tiempos de bonanza económica, hicieron la vista gorda con este tipo de construcciones, y eso por no hablar de los casos de corrupción que han dejado muchos municipios andaluces, sobre todo en zonas de costa, salpicados de edificaciones irregulares.

La normativa que va a entrar en vigor tras una larga tramitación —lleva más de un año debatiéndose en el Parlamento andaluz — establece controles claros y rigurosos sobre qué tipo de viviendas pueden acogerse a este cambio de normativa, con el objetivo de regularizar las edificaciones irregulares.

Así, sólo podrán legalizarse edificaciones residenciales aisladas situadas en suelo no urbanizable, que tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o declaradas por la Junta como de especial protección y, además que no estén afectadas por expedientes administrativos de demolición.

En el caso de edificaciones en parcelas que tengan la condición de asentamientos tendrán que regularizarse a través de la incorporación de los mismos al planeamiento urbanístico de sus respectivos municipios.

Las viviendas que se van a regularizar con la nueva ley, entre las que se encuentran una buena parte de las que hay en la Axarquía malagueña y en la provincia de Almería , se podrán inscribir en los correspondientes registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua. Además, sus propietarios deberán adoptar medidas correctoras urgentes para eliminar los impactos paisajísticos o ambientales que pudieran haberse producido, especialmente sobre los recursos hídricos.

El cambio de la normativa no recoge ningún precepto específico sobre las casas de madera o casas prefabricadas que se han instalado en algunas zonas de Andalucía como una manera de burlar la legislación vigente hasta la fecha. A partir de ahora, se considerarán igual que las viviendas construidas de forma irregular. Pero hay un aspecto a tener en cuenta y es que la normativa no contempla ningún tipo de solución para las parcelaciones irregulares en las que no haya edificaciones.

La norma también obliga a los ayuntamientos a iniciar en el plazo máximo de dos años, la redacción del avance del planeamiento para incorporar a las nuevas viviendas que se hayan regularizado.

La nueva ley urbanística de Andalucía saldrá adelante en el Parlamento porque el Gobierno andaluz contará con el apoyo de Ciudadanos y del PP , aunque los populares han vertido duras críticas contra la norma. La vicesecretaria de Organización del PP andaluz, Patricia Navarro , considera que es fruto de la «miopía con la que el Gobierno socialista de la Junta ha visto siempre el urbanismo en nuestra tierra». Según su opinión, la norma no resuelve los problemas reales y no supone un «punto y final para que no se sigan levantando edificaciones allí donde no se pueden levantar».

La portavoz de Urbanismo de Podemos, la diputada Mercedes Barranco , considera que hay que distinguir entre tres grupos de afectados, los que no tienen otra alternativa de vivienda, a los que debe dársele una solución y acceso a luz y agua aunque sea de manera transitoria; los residentes climáticos, personas de otros países que construyeron viviendas pensando que eran legales amparados por los ayuntamientos, y los que se han construido una segunda vivienda en terrenos ilegales.