Moreno pide que no se generen «alarmas innecesarias» por el agua de Doñana

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en el Oratorio de San Felipe Neri, sede de las Cortes de Cádiz que aprobaron la Constitución de 1812, Moreno se ha pronunciado tras una pregunta sobre las declaraciones de este domingo del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, quien reclamó en la Cadena Ser el «papel destacado» de este órgano de participación para «oír todas las propuestas que afectan a Doñana» , así como lamentó que «revisar» el plan debería hacerse «con tanto cuidado como se hizo el propio plan», que motivó «grandes discusiones en el Consejo de Participación».

El presidente de la Junta de Andalucía ha considerado «decepcionante» las afirmaciones que se hacen sobre el incremento de la zona de regadíos de los municipios enclavados al norte de la Corona Forestal de Doñana, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, por cuanto ha esgrimido que «no se ajustan a la realidad los titulares sobre la ampliación de los regadíos, que no existe».

Moreno, quien ha apelado a que «hace falta diálogo, debate», ha asegurado que la Proposición de Ley garantizará que «el proyecto se debatirá tras un intenso y rico debate», convencido de que «no va a faltar el diálogo con todos sin excepción» tras apelar al problema de fondo que son «las familias cultivando esas tierras» y ha instado a «resolver muchos problemas».

En la identificación de los problemas de fondo, el presidente andaluz ha sostenido que el norte de la Corona Forestal de Doñana se encuentra «a 30 kilómetros del Parque» , por lo que ha esgrimido sobre lo que ha denominado «los derechos históricos de los agricultores» que éstos los han alentado «la inacción del órgano competente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir».

«Los problemas o se solucionan o se pudren», ha afirmado el presidente de la Junta de Andalucía, quien ha apelado a la pretensión de «conciliar ambos intereses», mientras que ha defendido la elección de una Proposición de Ley para propiciar de esta forma «una altísima participación de los grupos parlamentarios a través de las enmiendas, de toda la ciudadanía, de las plataformas ecológicas, ambientales«.

Moreno, quien ha considerado que la revisión de zonas consideradas como forestales para su inclusión como suelos agrícolas regables es «un proyecto largo, permeable», ha reiterado que la pretensión última de la iniciativa es «dar una solución a un problema que lleva pudriéndose demasiados años» y ha lamentado entonces que «he visto demagogia».

El presidente de la Junta de Andalucía ha rechazado concebir un Parque Natural o Nacional como «un muro de hormigón» de manera que su declaración se perciba como «un lastre» por «sectores sociales» y demandar entonces «un reconocimiento social» de que «es compatible con el desarrollo económico de la zona», punto en el que ha blandido «la oposición de los alcaldes», antes de insistir en que además de «un elemento de protección de la biodiversidad, permiten el desarrollo de la zona».

También el delegado del Gobierno en Andalucía , Pedro Fernández, ha señalado este lunes, que hay «hechos constatables» de una «situación de sobreexplotación» en el Parque Natural y ha recordado que hay una sentencia del Tribunal de la Unión Europea (UE) con el mandato de preservar Doñana que el Gobierno «tiene que cumplir», por lo que ha pedido a la Junta de Andalucía «que sea igual de serio y de riguroso».

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Sevilla, donde al mismo tiempo ha destacado que hay «una realidad» de la que son «conscientes» tanto en el PSOE como en el Ejecutivo, ya que «hay personas que tienen tierras en estos momentos, que las están sometiendo a cultivo» , pero que actualmente «no reúnen las condiciones de poder optar a hacerlas de una forma oficial con una concesión de agua». Por lo que ha calificado la situación de «tema complejo y complicado».

«El Gobierno tiene que cumplir con su obligación de preservar el Espacio Natural y nunca se renuncia a estudiar si hay posibilidades de regularizar hectáreas, analizando y estudiando cómo, pero siempre preservando y nunca poniendo en riesgo Doñana y su marca «, ha manifestado antes de recordar que Junta, gobernada por el PSOE, regularizó »en su momento« más de 2.000 hectáreas »que sí se pudieron regularizar«.

Por esto, ha pedido al Gobierno de la Junta de Andalucía que sea «igual de serio y de riguroso». «No puede ser que a un tiempo de las elecciones como una medida estrictamente política y mediando engaño, pretendan decir que va a solucionarlo llevando una Proposición de Ley, en lugar de hacer un proyecto de Ley y tramitarlo como tal, diciendo lo que quiere hacer» y «no a través del Parlamento para que diga que hay que tramitar la Ley».

«Esto es jugar con el interés y es querer engañar a la gente y hay que tener mucho cuidado con eso en estos momentos, porque hay personas que están pasando una situación difícil y complicada por las hectáreas de las que estamos hablando que no están regularizadas», ha añadido.

Fernández ha recordado asimismo que el Plan de la Corona Norte se desarrolló en 2014 «para amortiguar la situación de riesgo» en Doñana, al tiempo que ha manifestado que el tema «medioambiental y agrícola es muy sensible», por lo que «hay que tener cuidado» porque «hay una sentencia, advertencias de la UE y la marca Doñana».

Por último , la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera , ha instado a la Junta de Andalucía a actuar con «responsabilidad institucional» y «no aliarse con fuerzas antisistema» para cubrir «situaciones ilegales» en relación con la extracción de agua en Doñana.

Ribera considera que «finalmente» no se va a poder «permitir explotaciones a freseros sin plantaciones legalizadas» porque «no hay agua» y se trataría de «explotaciones ilegales». «Es irreal, es imposible, no hay agua, habría que quitar derechos de los regantes legales para poder dárselo a los ilegales, por tanto no tiene sentido», ha dicho.

Así, ha recordado a la Junta que la «ley vincula a todos», «particularmente en espacios sensibles como Doñana» y respecto a «ciudadanos que viven de la buena gestión con acuerdo a la legalidad de la producción y explotación de fresas.

En este sentido, ha lamentado que estos ciudadanos «ven amenazada la exportación de sus productos »precisamente porque a las grandes cadenas alimentarias y de distribución de Europa les genera pánico poder estar comprando productos ilegales, regados con aguas ilegales que están secando parques nacionales«.

«Yo creo que en lugar de aliarse con las fuerzas antisistema y buscar la cobertura de situaciones ilegales que dañan a todos , lo que corresponde esperar de un gobierno es que un comportamiento así no salga gratis«, ha dicho, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En este sentido, ha llamado al Gobierno andaluz a «generar oportunidades diferentes, generar empleo en la zona y alternativas para esas personas que hoy por hoy están esperando diferentes formas de producción de fresas.