El PSOE aprobó en 2014 regular zonas agrícolas de Doñana que ahora quiere volver a negociar

Uno de los principales impulsores de esta regularización es la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, cuyo presidente, Romualdo Macías García , explica a este periódico su asombro por la 'polvareda' levantada con el asunto. «Para empezar no es cierto que se vaya a cambiar el uso del suelo para el cultivo agrícola, porque en ese terreno, que son 800 hectáreas y no las que se han dicho, hay muchas familias en explotaciones de tres y cuatro hectáreas que llevan desde los años 60 trabajando en ellas», explica el dirigente de esta asociación que agrupa a más de dos mil agricultores más otras asociaciones y cooperativas que se han unido a ellos.

Macías argumenta que esa regularización parte de una ley aprobada por los socialistas en 2014 y además con carácter retroactivo «pero el error se produjo porque a la hora de cartografiar las zonas que se iban a legalizar se utilizó una imagen aérea de 2004. En ella aparecían esas 800 hectáreas que bien porque los terrenos estaban en barbecho o porque se habían desmontado las instalaciones de las fresas y no se veían, quedaron al margen como vacías», justifica.

Cuando este periódico le pregunta si ese área usa aguas superficiales o de pozo, Macías responde que ambas, «pero la cuestión no es solamente ecológica; los que más deseamos que el agua no sea un problema de sostenibilidad somos los que vivimos de esto, que llevamos 50 años invirtiendo en su aprovechamiento con el riego por goteo o evitando mediante el control de los nitratos que no contaminen los acuíferos». «El talón de Aquiles —continúa— es la falta de infraestructuras que están aprobadas y el Gobierno Central no las lleva a cabo, como el plan de 2018 para trasvasar agua, que sigue parado. Estamos hablando de que las obras del túnel de San Silvestre, fundamental para dar agua a la provincia, nos han dicho que se va a retrasar otros dos años. Tiene un coste estimado de 63 millones de euros, que usted me dirá qué supone ese dinero en los Presupuestos Generales del Estado», matiza. «El Gobierno de Pedro Sánchez elude responsabilidades», manifiesta. Romualdo Macías es consciente de que el proyecto ha levantado suspicacias en algunos agricultores con agua 'legal' por miedo a perder cuota, «pero en cuanto hemos hablado con ellos lo han entendido perfectamente y contamos con un 99% de apoyo», concluye.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ofreció ayer a sentarse en una reunión con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para abordar una posible revisión del plan de la Corona Norte forestal de Doñana si el Gobierno andaluz aporta para ello una propuesta «seria, rigurosa», dijo en la feria Fitur de Madrid. «El PSOE lo que quiere trasladarle al Gobierno andaluz es que, si quería plantear una revisión, tenía que haberlo hecho bien» y haberla «tramitado, como corresponde, desde el Gobierno andaluz, dando la cara, con un proceso de participación pública, escuchando a las administraciones competentes, reuniéndose con los ayuntamientos y el Gobierno de España», para explicarles «cuál es su propuesta de revisión en esta materia», argumentó el líder socialista, que reconoce que hay derechos de agricultores que no se han recogido en 2014. Añadió que los socialistas andaluces «estamos dispuestos a sentarnos y hablar» si se trata de que el Gobierno andaluz «quiere resolver situaciones concretas que no se resolvieron adecuadamente en el plan de 2014, pero no estamos dispuestos a poner en peligro a Doñana, ni los productos ni la agricultura de Doñana en los mercados extranjeros», quiso dejar claro.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz , Manuel Gavira, se mostró convincente de su propuesta y afirmó que con ella «Doñana no corre peligro».

Por último, Emilio Fernández, secretario de Medio Ambiente de CC.OO, sindicato que firmó en 2020 el proyecto de ampliación de agua por un volumen de 37,53 hectómetros cúbicos en el área y ahora se opone, razona para ABC que «en cuatro años las cosas han cambiado: estamos en un período de sequía, con un decreto sobre la misma en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que en seis meses de alegaciones ni PP ni Cs han dicho nada. A esto se añade las sentencias de Europa por el peligro de los acuíferos de Doñana y además, nadie nos dijo que esto se iba a tramitar como iniciativa parlamentaria», finaliza.