El nuevo modelo de financiación de Montero perjudica a Andalucía

En un principio, la música sonaba bien para los intereses de Andalucía ya que se establecía como criterio fundamental de reparto la población ajustada, un parámetro que tiene como base la población real aplicándole algunos criterios de corrección como el número de población escolar, el de mayores, el que necesita atención sanitaria o social, superficie, dispersión... Andalucía siempre ha apoyado este baremo bajo la premisa de que los destinatarios de los servicios públicos son las personas y no las comunidades y al tener el 18% de la población total de España, tiene más gastos y, por lo tanto, necesita más dinero para sufragar los servicios públicos. Un argumento que, por cierto, defendía como propio la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era la consejera andaluza del ramo.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, un organismo independiente, se ha adelantado a los gobiernos autonómicos y ha publicado un estudio exhaustivo sobre el impacto real que tendría la propuesta del ministerio que dirige María Jesús Montero. Y las conclusiones no pueden ser más claras: Andalucía sale perjudicada con este nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas. Perdería exactamente el 0,54% de los ingresos con respecto a los que recibe ahora.

Es decir, no sólo no corrige los errores del actual modelo (que Zapatero pactó con ERC en 2009 sin que Andalucía entonces bajo la presidencia de José Antonio Griñán alzase la voz sino más bien todo lo contrario) sino que, además, ahonda en ellos. La pérdida del 0,54% de ingresos añadida supone un agravio claro de los andaluces con respecto a otros españoles que disponen de más dinero para financiar los servicios públicos que reciben. Y eso hablando sólo de las comunidades autónomas de régimen común. Es decir, dejando fuera al País Vasco y a Navarra que tienen un sistema de financiación independiente avalado por la Constitución.

Porque hay otro dato que también es objetivo o, al menos, que fue mayoritariamente aceptado por los partidos políticos en el Parlamento de Andalucía en marzo de 2018 (sólo se abstuvieron 9 diputados, los que en ese año tenía Ciudadanos). La comunidad autónoma había recibido cuatro mil millones de euros menos de los que necesitaba para cubrir los servicios públicos que presta a sus ciudadanos. Con la reforma del modelo de financiación que plantea Montero, a estos cuatro mil millones, que ahora se han convertido en 10.835 millones según los cálculos del actual Gobierno andaluz , habría que sumar un 0,54% más.

Claro que la andaluza no es la única perjudicada. Resulta especialmente llamativo que la otra comunidad que está peor financiada en el modelo actual, Valencia , también salga perdiendo con la reforma. Y los valencianos peor que los andaluces ya que según Fedea, Valencia perdería un 1,7% más de fondos. La que sale peor parada en este nuevo reparto es Canarias que perdería casi un 3% con respecto al modelo actual. De las tres comunidades que ahora están en peores condiciones, Valencia, Andalucía y Murcia (por ese orden), el nuevo modelo sólo beneficia a Murcia.

En el otro extremo, entre las que recibirían más dinero, están Extremadura (que gana un 8,6%) y Aragón (un 7,3%) y La Rioja (el 5,41% más). Un dato curioso. Las tres están gobernadas por el PSOE.

En términos generales, el nuevo modelo que propone el Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a seis comunidades (Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, Galicia y Canarias) mientras que beneficia a otras nueve (Extremadura, Aragón, La Rioja, Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla-León y Baleares) con unos ajustes en el reparto de los fondos que Fedea considera «arbitrarios» en su estudio.

Una de las claves de la propuesta del Gobierno central es el cambio en la ponderación en los gastos regionales según su finalidad, elevando la importancia de la factura en Sanidad del 38% actual a una horquilla de entre el 40% al 45%; aumentando también del 20% a entre el 25% y el 30% el dinero que se destina a Educación y rebajando el gasto en Servicios Sociales del 8,5% a entre el 6% y el 10%. El resto lo deja para los demás servicios públicos. Una propuesta que valora el autor del estudio de Fedea, Ángel de la Fuente , quien, sin embargo, critica los criterios de corrección que se incluyen y que suponen «trajes a medida» para las comunidades autónomas «en lugar de buscar reglas generales de reparto sensatas», a su juicio, «uno de los vicios del actual sistema» que se vuelven a repetir.

De la Fuente censura que se incluya una nueva variante «de despoblación que resulta conceptualmente innecesaria y se construye de forma ad hoc para primar a determinadas regiones», como efectivamente ocurre con Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-León.

En el informe de Fedea también se destaca el «peculiar reparto» de la partida de costes fijos con unos confusos análisis que «concentra todos los recursos asignados» en siete comunidades autónomas, dejando a las demás sin ellos.