Marifrán Carazo: «La nueva ley del suelo evitará que los inversores cojan la maleta y se vayan como pasaba antes»

La Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) va a sustituir, veinte años después, a la LOUA. ¿Demasiado tiempo para una norma que ha dado mucho trabajo a los ayuntamientos y los tribunales?

La LOUA se aprobó en 2002 y en todos estos años los gobiernos anteriores sólo se atrevieron a modificarla en once ocasiones pero no tuvieron la valentía de aprobar un nuevo texto. La Lista tiene que perdurar en el tiempo. Los ayuntamientos ven esperanzas por primera vez para aprobar sus planes generales de ordenación urbana (PGOU) en un momento determinante, tras la crisis, para impulsar nuevos proyectos, viviendas sociales, residencias de mayores, que ahora era muy complicado poner en pie. ¿Cuántas inversiones se han perdido por no tener esos planes?

¿Se han perdido muchas inversiones por culpa de la burocracia?

Tres de cada cinco ayuntamientos andaluces no contaban con un PGOU. Eso ha sido un freno durante 20 años para crear empleo y atraer nuevos proyectos. Además, el Tribunal Supremo anuló el PGOU de Chiclana y tras él, uno tras otro en cascada fueron tumbados. El último, el de Torremolinos. Los inversores que llegaban a Andalucía con un proyecto se sentaban con los ayuntamientos y cuando les pedían innovar sobre normas antiguas, los alcaldes no sabían decirles cuánto tiempo se iba a tardar. Ese inversor cogía la maleta y ante esa inseguridad jurídica se iba a otro lugar. La nueva ley pretende evitar eso. Marca que todos los proyectos sean sostenibles social, medioambiental y económicamente, por ese orden.

Durante su tramitación, ¿le llamaron muchos alcaldes del PSOE para pedirle que aprobara la nueva ley?

Sí. Han sido múltiples las llamadas antes y me consta que también han presionado al PSOE sus alcaldes a través de la FAMP y de forma particular. El pasado jueves, cuando se aprobó la Lista, hubo muchos mensajes de alcaldes socialistas agradeciendo la valentía de dar el paso de aprobar la ley. Hasta 60 ayuntamientos están ya trabajando con la Junta desde hace meses para asesorarlos desde el punto de vista técnico. Además, está preparada la orden de subvenciones para aprobar sus planes especiales y generales.

¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley del suelo?

Veinte días después de publicarse en el BOJA. Hay disposiciones transitorias para no dejar un vacío legal. En paralelo, hemos trabajado en los reglamentos para la aplicación de la ley y estarán listos a principios de año.

Redactar un PGOU podía llevar entre ocho y diez años de media. ¿Cómo se va a poder acortar a sólo dos años?

Lo prioritario es marcar un camino seguro, sencillo y corto. De ahí que se incorporen figuras como la declaración responsable, el silencio positivo y la colaboración técnica con los ayuntamientos desde el inicio. De los 785 municipios andaluces, en 20 años tan sólo 182 adaptaron su PGOU a la LOUA, un 23%. Fíjese qué fracaso. Además, 113 municipios, los más pequeños, tiraron la toalla y no iniciaron su plan. Hay otros 490 (62,4%), entre los que están capitales como Jaén o Almería, que no tienen un PGOU. Esto supone un fracaso del modelo socialista, un freno a proyectos, desarrollo e inversiones.

El PSOE ha facilitado que se apruebe la Lista con su abstención, pero rechaza parte del tratamiento que se da al suelo rústico. ¿En qué condiciones se podrá construir en el campo?

Es una de las diferencias más importantes de la Lista con respecto a la LOUA, que sólo contemplaba viviendas aisladas y unifamiliares asociadas a la actividad agrícola. Pero se ha hecho la trampa durante 20 años en el litoral y el campo. Saltándose la norma se han construido numerosas viviendas sin estar asociadas a esa actividad agrícola y se han convertido en chalés de fin de semana. La Junta y los ayuntamientos miraron para otro lado e incumplieron la ley. Lo que favorecieron fue el fraude y la construcción irregular de más de 300.000 viviendas.

El Parlamento rechazó los presupuestos de la Junta para 2022. ¿Algunos proyectos previstos no van a poder realizarse? ¿Cuáles?

Tumbar el presupuesto, que recogía un incremento de un 30% para licitar obra pública, es una enorme irresponsabilidad. Como ejemplo, el presupuesto contemplaba 10,8 millones para la Base Logística de Córdoba porque estaba firmado el convenio con otras administraciones. Tendremos que reprogramar el presupuesto y buscar el dinero para cumplir ese compromiso, pero será a costa de retrasar otros proyectos nuevos. Algunas obras ya contratadas son plurianuales y habrá que reprogramarlas. Vamos a tener que hacer auténtica ingeniería presupuestaria para que proyectos que sean esenciales no se queden atrás.