El ‘maquillaje’ del informe de los ERE

El presidente de la Cámara aprobó eliminar párrafos que comprometían el papel de Griñán en el escándalo

José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía Raúl Doblado

A. R. Vega

El huracán del escándalo de los ERE arrasó con la aureola de neutralidad que rodeaba a la Cámara de Cuentas de Andalucía y entró de lleno en la lucha partidista. Bajo la presidencia de Antonio López, la auditoría del órgano fiscalizador que describía una ... década de descontrol en las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis fue mutilada en los apartados más comprometedores para el Gobierno de José Antonio Griñán. El presidente de la Junta acabó dimitiendo por el caso ERE en agosto de 2013. Meses antes de que su renuncia se hiciera efectiva, el Pleno de la Cámara de Cuentas, con mayoría del PSOE, acordó suprimir algunos párrafos que recogía el anteproyecto presentado por el equipo fiscalizador y desvelado por ABC.

El programa 31L

Los consejeros de la Cámara nombrados a propuesta del PSOE, entre los que se encontraba López, hicieron desaparecer, entre otros, el párrafo que señalaba directamente al presidente de la Junta , José Antonio Griñán, como responsable de la financiación irregular de los ERE. Fue uno de los seis párrafos que no pasaron la criba, además de otros 48 que sufrieron modificaciones. Durante los diez años que estuvo vigente el programa 31L, con el que se nutría el fondo de los ERE, la Cámara nunca fiscalizó el programa y lo hizo a posteriori, a rebufo de la investigación judicial. El ‘maquillaje’ del informe final contribuía a crear un muro de protección en torno al presidente Griñán cuando la juez Mercedes Alaya estrechaba el cerco en torno él por sus gestiones como consejero de Hacienda (2004-2009).

Tras la publicación del anteproyecto por ABC, López, que admitió que le habían llamado desde la Junta molestos por este motivo, presentó una denuncia por la «filtración» que la Fiscalía acabó archivando.

El cortafuegos sirvió de poco a los ojos de la Justicia. Seis años después, en noviembre de 2019, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a seis años de prisión a Griñán por malversar presuntamente el dinero de los ERE y también fue inhabilitado su predecesor en la Junta, Manuel Chaves por un supuesto delito de prevaricación.

Bajo el mandato de López, la Cámara de Cuentas hizo otros informes críticos con la gestión autonómica. A principios de 2014, los auditores fiscalizaron las subvenciones de la Junta de Andalucía para la formación profesional para el empleo. Desvelaron de que el 89% de las ayudas concedidas en 2009 se hicieron sin control ni «concurrencia competitiva» como exige la Ley de Subvenciones.

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