La batalla legal de los funcionarios interinos de Justicia contra los nuevos órganos judiciales

Pero la reorganización de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial propuesta por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local se ha encontrado con la oposición frontal de un grupo de interinos que se vería afectado por el cambio . Dichos funcionarios cesarían automáticamente tan pronto como se pongan en marcha los concursos de traslados y las distintas comisiones de servicios para ofertar las plazas estructurales que actualmente ocupan «con patente abuso de la temporalidad», denuncian.

Los afectados han presentado una cascada de recursos de reposición contra la orden ministerial que avala tal organización en el plan anexo propuesto por la Consejería. Solicitan que se suspenda de manera inmediata su ejecución porque contempla la creación de un nuevo órgano judicial denominado «Secretaría de Coordinación Provincial» que «no se contempla en ninguna normativa como centro de trabajo o de destino». Alegan que se trata de una «patente ilicitud» puesto que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece con nitidez que las relaciones de los puestos de trabajo deben contener «necesariamente» especificado el centro gestor y el centro de destino . Por tanto, la reforma de la plantilla propuesta por la Junta sería, a su juicio, «nula de pleno derecho o, en todo caso, anulable» porque se infringen la reforma del Estatuto de Andalucía y distintos artículos de la citada ley en una orden que ni siquiera ha sido publicada en el BOE. La Consejería calcula que hay 142 refuerzos que ocupan puestos estructurales, según informó a los sindicatos.

Pero el conflicto legal se centra en los interinos adscritos a la junta de expurgo de los archivos judiciales y a las ocho secretarías de coordinación provincial (una por provincia). Siete de ellas tienen funcionarios interinos de apoyo que «han sido nombrados por la comunidad autónoma de Andalucía» , cuyo centro de destino es «en muchas ocasiones» el juzgado decano del partido judicial de la capital de provincia, a pesar de que jamás han prestado este servicio. En realidad se dedican a la gestión administrativa de los secretarios coordinadores provinciales, exponen en sus recursos.

Los interinos sostienen que el Ministerio «no tiene competencia ni habilitación legal para crear un centro de destino no contemplado en la LOPJ» y que se pretende crear un órgano judicial «por la puerta de atrás» y «sin el correspondiente amparo legal y excediendo con creces los límites de la potestad reglamentaria».

La Consejería de Justicia desoye estas quejas y quiere seguir adelante con su plan de «afloramiento de las plazas ocupadas por interinos durante más de tres años para que, en cumplimiento de lo que establece la Ley, pasen a ser estructurales». Desde la Consejería que dirige Juan Marín explican a ABC que cuentan con el informe favorable del Ministerio de Justicia, que «tiene competencias para crear nuevas plazas y ampliar las plantillas de los juzgados, así como de la propia Junta por parte de Función Pública y Hacienda». Puntualizan que tanto la ampliación de plantilla como la creación de las secretarías de coordinación se acuerda por orden ministerial. La Junta añade que el proceso fue negociado en la Mesa Sectorial de Justicia de Andalucía y logró el acuerdo por unanimidad de los sindicatos.

Los interinos, por el contrario, afirman que la creación como centro de trabajo de los nuevos órganos provinciales a nivel nacional requiere una reforma de la LOPJ. Han intentado personarse en el expediente administrativo seguido ante la Consejería, pero la única respuesta al respecto ha partido del Ministerio. De momento, han impugnado la orden en la vía administrativa pero se reservan el inicio de «cuantas acciones legales» estén a su alcance para evitar «un irreparable daño» a sus derechos e intereses.