La Junta tendrá que pagar 165 millones a un centro comercial

La sentencia argumenta que la legislación contempla la petición de indemnización de la promotora por haber existido un procedimiento judicial que con sus medidas cautelares, ha ocasionado algún tipo de daño, ya que las obras del centro estuvieron años paradas y una sentencia condenó a derribar parte de los 370.000 metros cuadrados construidos, espacio que después avaló el Supremo.

Según la sentencia, de 53 folios y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), ese procedimiento penal representa el nexo entre la medida cautelar por la que fue paralizada la construcción del Nevada y el daño reclamado, y destaca que la indemnización no es por causa de un delito.

«Las consecuencias del procedimiento penal fueron las acordadas en su día por la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Granada, que supusieron, entre otras, la demolición de los 1.457 metros cuadrados anteriormente señalados», ha recordado la sentencia.

El alto tribunal apunta además que, aunque la Junta entiende como anormal que el procedimiento penal se extendiera entre 2006 y 2014, la legislación le permitía solicitar «en cualquier momento» la finalización de la medida cautelar por la que se pararon las obras, revocación que no podían pedir ni la promotora ni el tribunal.

Por su parte, la Junta de Andalucía anunció ayer, tras conocer la sentencia, que piensa recurrirla ante el Supremo. El Gobierno andaluz mostró su «respeto» a las decisiones judiciales pero manifestó su «total desacuerdo con la sentencia» , que a su juicio no tiene en cuenta la incidencia que tuvo el procedimiento por vía penal, del que no formaba parte.