La Junta teme que la «pinza» del PSOE y Vox tumbe su decreto para eliminar burocracia en Andalucía

En la Junta se han mentalizado para lo peor, que ambas formaciones dejen caer el decreto, como sucedió con su proyecto de presupuestos para el año 2022, que iban a ser la palanca para la recuperación económica. «La no aprobación significa perjudicar a los andaluces. Se perjudica al campo, trabajadores, empresas, andaluces que llevan décadas esperando que se convierta en la comunidad con menos trabas administrativas», ha asegurado este martes el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, en una comparecencia junto con el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo , tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

En referencia a la eliminación de trabas, «el PSOE no ha sido capaz de hacerlo y ahora parece que no le sienta bien que lo haga el gobierno del PP y Cs», ha remarcado Marín, que tampoco confía que el apoyo venga de la mano del grupo de Santiago Abascal. «Vox está sólo en el adelanto electoral y no le interesa ninguna otra cuestión», ha comentado. «Espero que haya una rectificación y esté decreto pueda salir adelante» porque « si esta pinza se vuelve a colocar a quien perjudica no es al gobierno sino a agricultores, ganaderos, empresarios y a todos los trabajadores».

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha abundado en este mensaje. « Un decreto que es para eliminar papeleo y facilitar la vida a los andaluces es muy difícil decirle que no », ha señalado. Desde el Ejecutivo «han hablado a izquierda y a derecha» para negociar esta reforma, que no tiene un sesgo «ideológico», según ha recalcado.

En el PSOE andaluz no se lo van a poner fácil para sacarlo adelante. Mario Jiménez , portavoz en la comisión de Presidencia del Grupo Socialista, está radicalmente en contra de un decreto que, a su juicio, «plantea desregulación y cambiar el imperio de la ley por la ley de la selva».

El decreto fue aprobado el 14 de diciembre, el 17 se publicó en BOJA, y ayer lunes se presentaron los expedientes técnicos y una larga autocorrección del propio Gobierno: en 250 páginas, que pretende modificar más de 70 normas en una semana , un síntoma de falta de transparencia, a juicio de los socialistas.

En una rueda de prensa, Jiménez ha calificado el decreto como « una estafa legislativa, que va contra el Estatuto porque no justifica urgente necesidad para su tramitación como decreto: esconde desregulación en la comunidad para que Moreno Bonilla pueda beneficiar a sectores económicos muy concretos, no actúa en favor del interés general de los andaluces», según indica la nota remitida por el PSOE tras su intervención.