La Junta pide 11 años de cárcel para Guerrero por las contrataciones «fantasma» con la empresa Umax

En su escrito de acusación, la Junta pide para Guerrero siete años de prisión y 17 de inhabilitación por un delito continuado de malversación ; cuatro años de cárcel y de inhabilitación y el pago de una multa de 9.000 euros por un delito continuado de falsedad en documento oficial, así como nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Asimismo, solicita siete años de prisión, 23 años de inhabilitación y el pago de una multa de 4.500 euros para el también ex director de Trabajo Juan Márquez a cuenta de los mismos delitos atribuidos a Guerrero, mientras que al administrador de Umax, Ulpiano Cuadrado, le pide 16 años de cárcel, cerca de 800.000 euros de multa y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante 12 años.

De igual modo, y en este escrito consultado por Europa Press, la Junta reclama que Guerrero indemnice a la Junta con 467.106,142 euros y que Márquez lo haga en la cantidad de 434.393,75 euros, en ambos casos de forma solidaria con el administrador de la empresa.

En el escrito de acusación elevado al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, la Junta no acusa a otros ex altos cargos procesados por la juez, como son el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera y los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.

La Junta relata que Guerrero, como director general de Trabajo, creó a partir de 2003 tanto en su Dirección General como en los servicios de su Dirección General en las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo una estructura administrativa de personal «al margen» de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente para las mismas «mediante la contratación de, al menos, 44 personas , la mayor parte de las cuales pertenecía a círculos de su proximidad (vecindad o amistad)».

Según indica, esta mecánica continuó en el tiempo una vez se produjo el cese de Guerrero y el nombramiento de Márquez, quien « continuó abonando facturas a las entidades vinculadas » con Ulpiano Cuadrado «y proponiendo la contratación por éstas, para desarrollar trabajos en la Dirección General, de personas de su círculo de confianza».

Para llevar a cabo tal propósito, y «obviando las posibilidades ofrecidas» por la entonces vigente Ley de Contratos del Estado , Guerrero (y posteriormente Juan Márquez) acordó con Ulpiano Cuadrado «un mecanismo en virtud del cual empresas vinculadas a este último contratarían a las personas que indicase» Guerrero «para que desarrollasen su labor» en la sede de la Dirección General de Trabajo o en alguno de sus servicios asociados en las delegaciones provinciales de Empleo.

La Junta asevera que, «dado que el acuerdo» entre Guerrero, Márquez y el administrador de Umax «se realizó al margen del procedimiento de contratación reglado», los pagos derivados de los compromisos contraídos por la Dirección de Trabajo con las sociedades de Ulpiano Cuadrado «se realizaron acudiendo o bien a procedimientos negociados sin publicidad o bien a expedientes de contratación menor» en virtud de los que, «de forma repetida y periódica, se giraban facturas por dichas sociedades que respondían a servicios en realidad inexistentes y que tenían por único objeto contraprestar la contratación de personal por Cuadrado con el único fin de ponerlos a disposición de la Dirección General».