La Junta perdió dinero en la venta de 70 sedes a un fondo americano

Aquella operación permitió a la Junta hacer caja rápida e incorporar 300 millones al presupuesto en momentos de falta de liquidez . La Administración enajenaba 70 inmuebles, muchos de ellos ocupados como sedes administrativas que en la misma operación arrendaba al nuevo propietario durante veinte años a razón de una renta de 23,6 millones anuales.

La Cámara de Cuentas concluye ahora en su informe de fiscalización que los inmuebles debieron venderse por 377 millones de euros para compensar los 77 millones de flujos de caja estimados en el periodo de arrendamiento.

Asimismo, la Cámara de Cuentas cifra en 31 millones la pérdida patrimonial de la Junta por la enajenación de dichos inmuebles en un momento de dificultades para acceder a los mercados financieros para obtener liquidez.

El informe confirma que la operación aprobada por el Consejo de Gobierno es conforme a la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos. No obstante realiza algunas salvedades a la misma. Por ejemplo, en la forma en la que la Junta desafectó y firmó la declaración de alienabilidad de los inmuebles por su condición de sedes administrativas públicas en un mismo día, cuando son acciones que deben separarse en el tiempo. La Secretaría General de Finanzas y Patrimonio debió desafectar primero sus sedes y posteriormente aprobar su enajenación.

El informe refiere que con la venta de esos inmuebles se produce un ahorro en gastos de 2,1 millones relativos al mantenimiento de la estructura, fachada y cubierta, impuestos y seguros, entre otros ; se recupera el 50 % de las cuotas liquidas del IVA pagado de arrendamiento y seis millones por la liquidación de los actos jurídicos documentados.

Sin embargo, con los arrendamientos se incurre en un mayor gasto por el alquiler de 23,6 millones anuales, más IVA y la actualización de las rentas al menos en un 1,5 % cada año. También se originan mayores costes por las reparaciones de vicios ocultos estimadas en 7,4 millones.

Además, la pérdida del valor residual de los terrenos en términos de coste de oportunidad se cifra en 116 millones, que es el valor al que ascenderían si la Junta al cabo de veinte años continuara siendo la propietaria de ese suelo.

La Junta de Andalucía defiende la utilidad de la operación en una etapa de crisis, para sostener los servicios públicos, y asegura que no supuso «ningún quebranto económico para las arcas públicas».

La Consejería de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero , sostiene que el ingreso de 300 millones es superior a la tasación realizada por la empresa TINSA, que estimó un valor de mercado de los 70 inmuebles en 253,9 millones.