La Junta aún espera 270.000 test para saber el alcance real de la pandemia en Andalucía

«Necesitamos test rápidos y no están llegando a Andalucía», se quejó el pasado viernes el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos) en referencia al Ejecutivo central, al que la Administración autonómica le reclama 120.000 pruebas de las que va a repartir entre las distintas comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad no ha facilitado datos sobre su contingente previsto, a preguntas de ABC.

La Junta está a la espera de recibir 270.000 test para llegar a capas más amplias de la población y conocer cuál es su magnitud real. A los 120.000 del Estado, hay que añadir otros 50.000 propios procedentes de tres lotes diferentes, cuya compra autorizó el pasado martes, así como la partida de 100.000 pruebas donadas por el presidente del grupo Festina, el linense Miguel Rodríguez. Más allá de los 2.000 primeros test rápidos que utilizará el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Marín reconoció que los pedidos realizados por la Junta tampoco terminan de llegar.

A falta de pruebas, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está fabricando una media de 2.000 de las denominadas PCR , que tardan al menos cuatro horas pero detectan la infección desde el primer día. Pero al tratarse de un bien escaso, tiene una aplicación selectiva incluso entre el personal sanitario, como ha publicado ABC. Marín explicó que el porcentaje de profesionales sanitarios contagiados –un 22,6% de los casos y 1.579 en números absolutos– se debe a que «los test (tipo PCR) se le están haciendo precisamente a ese personal.

«En el momento en el que se hagan al resto de ciudadanos, veremos cómo la cifra se reequilibra», argumentó el también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Marín ofreció una rueda de prensa telemática tras reunirse con la presidenta del Parlamento y los portavoces de los cinco grupos políticos con representación en el comité de seguimiento de la crisis sanitaria .

Según el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad a fecha del 31 de marzo pasado, las pruebas deben realizarse a « personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que esté hospitalizada o que cumpla criterios de ingreso hospitalario», al personal sanitario y sociosanitario, así como a otros servicios esenciales, básicamente fuerzas y cuerpos de seguridad.

Pruebas aparte, el Gobierno andaluz lanzó el mensaje tanto a la oposición y a la opinión pública de que la situación, dentro de la gravedad, está controlada. Se ha recuperado el abastecimiento de proveedores habituales que habían quedado en un primer momento bajo el mando único del Estado. «Contamos con abastecimiento garantizado de material sanitario para las próximas cuatro o cinco semanas y se mantiene el ritmo de fabricación para que no haya ningún tipo de problema», avanzó. Se refiría tanto a las mascarillas como a los equipos de protección individual (EPI), productos que, a juicio de los sindicatos, todavía están llegando a cuentagotas a los hospitales y centros de salud. Marín agradeció el esfuerzo de «las personas que están en primera línea de batalla, que son las que más riesgo tienen».

Al consejero se le preguntó por qué el número de altas está siendo, en términos relativos, inferior en Andalucía que en otras regiones . La causa, dijo, es que hay también «menos contagios» y a las altas hospitalarias «se suman» las que se producen por fallecimientos, aunque el balance de la Consejería de Salud distingue entre curados y decesos.

De lo que no hay ninguna noticia es del traslado de pacientes a Andalucía procedentes de otras comunidades con las UCI saturadas. En este asunto, el vicepresidente fue categórico: « No hay ningún contacto por parte del Gobierno de España para trasladar a enfermos a Andalucía ». El vicepresidente mostró su disposición a colaborar «siempre que se haga con tiempo suficiente».

La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar la próxima semana un plan específico de choque para el sector turístico y medidas para ayudar al pago de la cuota a la Seguridad Social de los autónomos porque « no los va a dejar tirados como ha hecho el Gobierno central », anuncio que celebró el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero.

Una vez expuesta la situación sanitaria, los distintos grupos políticos hicieron llegar sus propuestas a la Junta. El portavoz del PSOE-A, José Fiscal , reclamó la «monotorización inmediata» de las residencias de mayores para hacer un control «más eficiente». El portavoz del PP, José Antonio Nieto , destacó que la Junta se está «anticipando» para evitar que la pandemia provoque una crisis social y económica. La diputada de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto , planteó ampliar las ayudas al alquiler a los universitarios que «vean prolongados sus cursos», iniciativa que Marín prometió estudiar. Desde Vox, su portavoz, Alejandro Hernández , solicitó a la banca agilizar los préstamos avalados por la Junta y hacer test «masivos» a la población. De momento, la recomendación de la OMS –«test, test, test»– tendrá que esperar.