La Junta blinda la financiación de las universidades públicas frente a los recortes

El nuevo sistema diseñado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, cuyas bases han sido aprobadas este martes por el Consejo de Gobierno, impide, como principal novedad, que se produzcan bajadas como la sufrida por las universidades en la legislatura anterior al garantizar que recibirá como mínimo un aportación del 95 por ciento del presupuesto total del año anterior , cuando la dotación alcanzó los 1.516 millones de euros. Con dichos fondos, que salen de las cuentas anuales de la Junta de Andalucía, se cubren los costes de las nóminas del personal, los gastos ordinarios de mantenimiento y se contribuye a la convergencia entre campus.

El modelo aprobado se aplicará a las diez universidades públicas andaluzas durante el periodo 2022-2026 releva a un esquema de reparto obsoleto que se remonta 2007, que se ha venido aplicando hasta ahora con algunas correcciones. El pasado lunes tuvo el visto bueno del Consejo Andaluz de Universidades , un órgano de asesoramiento del que forman parte los rectores, presidentes de los consejos sociales y representantes del alumnado.

Según ha podido saber ABC, los rectores se abstuvieron en la votación, salvo el de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, que rechazó el documento . Su dictamen, aprobado por diez votos a favor y cuatro en contra, es preceptivo pero no vinculante. Los rectores pedían asegurar una financiación plurianual, pero desde la Consejería de Transformación Económica rechazan esa posibilidad porque choca con las leyes de presupuestos, que se aprueban cada año. Ni la sanidad tiene un modelo de financiación plurianual.

Debido a la anterior crisis económica, en 2013 el anterior Gobierno socialista rebajó la financiación de las universidades en un 9,7%, recortándoles 166 millones de euros. Al año siguiente volvieron a reducirlo en más de un 3,5%. Es decir, en dos años disminuyeron los recursos de las universidades en más de 216 millones de euros.

Según explicó el consejero responsable de las universidades, Rogelio Velasco , el nuevo diseño se estructura en dos grandes bloques. El primero, la financiación básica, supone el 90% del total de los recursos públicos de la Junta. Con ella se pagan los gastos de funcionamiento y costes salariales , que suponen el 80% de ese total. El 10% restante se destinará a propiciar la convergencia entre las universidades, compensando el efecto de las economías de escala, corrigiendo los posibles desfases estructurales y reforzando las políticas institucionales comunes.

La segunda pata es la denominada financiación estratégica, que suma un 10% y está dirigida a mejorar los resultados docentes y de investigación. El destino de los fondos asignados a este capítulo será decidido libremente por las propias universidades en función de sus necesidades y en el ejercicio de su autonomía. Según detalló Velasco en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, con este 10% se pretende «primar a aquellas universidades con departamentos muy dinámicos en términos de producción científica y transferencia del conocimiento».

Desde el primer año de legislatura, el presupuesto destinado a las universidades se ha ido incrementando manteniendo, además, la bonificación de las matrículas. Ha crecido un 2,4%, en 2019; un 5,2%, en 2020; y un 3,3%, en 2021. Precisamente, las cuentas del presente ejercicio suman 1.516 millones, una cuantía que dista de los 1.360 millones aprobados en 2018, lo que supone una diferencia de 156 millones y un alza de casi un 11,4%, según especifica la Junta en una nota.

Además, se han incrementado los recursos dirigidos a las retribuciones de la plantilla universitaria hasta un 13% más en 2020 respecto a 2018, lo que ha permitido aumentar en 1.151 el número de efectivos. Asimismo, en 2020, se autorizó un Plan de Inversiones por importe de 165 millones hasta el ejercicio 2023 , una cuantía que se añade a los 25 millones ya autorizados en 2019, sumando un total de 190 millones en inversiones para dos años y dando, cumplimiento, así, a una de las principales demandas de los rectores.

A esa medida se une el abono de la deuda que dejó pendiente el Gobierno anterior: más de 180 millones desde el año 2015 que estaban sin pagar. También la puesta a disposición de las universidades de 61 millones procedentes del Fondo Covid-19 para compensar los gastos derivados de la pandemia.