La Junta aprueba la Estrategia Energética para reducir las emisiones un 39% y crear empleo vinculado a las renovables

En este contexto, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia Energética de Andalucía 2030, el instrumento de planificación energética de la Junta de Andalucía para la próxima década que guiará el desarrollo de dicha política dentro del marco competencial autonómico. Su principal finalidad es impulsar la transición hacia un modelo energético eficiente, sostenible , seguro y neutro en carbono, que aproveche los recursos renovables disponibles en la región y redunde en el crecimiento económico y la generación de empleo, contribuyendo también al cumplimiento de los objetivos europeos y nacionales en materia de energía y clima.

En la Estrategia se han definido seis objetivos principales a alcanzar en 2030 para dar respuesta a las necesidades energéticas de la sociedad andaluza, que se traducirán en que, para ese horizonte, el consumo final bruto de energía debe proceder en un 42% de fuentes renovables, ascendiendo dicho porcentaje hasta el 75% en el caso del mix eléctrico, y aspirar a una reducción del consumo de energía tendencial del 39,5%. En el ámbito del transporte, se fija un descenso de la demanda de los derivados de petróleo del 30% respecto a 2019. Todo ello llevaría aparejado la reducción a la mitad de las emisiones de dióxido de carbono asociadas al consumo de energía respecto a 2005.

Uno de los puntos clave de esta estrategia pasa por el aprovechamiento de las oportunidades que brinda la transición energética para fortalecer el tejido empresarial asociado y la generación de puestos de trabajo se estima en un aumento del 15% del empleo directo vinculado a la transición energética.

La Estrategia recoge, además del marco estratégico de referencia y los seis objetivos de transición energética en Andalucía, el desarrollo de las 12 líneas prioritarias que se impulsarán desde la Junta para conseguir dichos objetivos, entre las que se encuentran: fomentar el aprovechamiento de las energías renovables y el desarrollo sostenible de las redes energéticas; rehabilitar energéticamente edificios de empresas y hogares y su entorno urbano, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables; mejorar la sostenibilidad y competitividad de la industria y del sector servicios a través de la eficiencia energética y el uso de energía renovable; avanzar hacia la movilidad cero emisiones; dinamizar la bioeconomía y la economía circular asociada al sector energético; o potenciar las oportunidades profesionales y empresariales que ofrece la transición energética.

El instrumento de planificación aprobado también recoge los programas de actuación y las medidas que se están llevando a cabo para el primer periodo de vigencia de la Estrategia de los tres previstos (2021-2022; 2023-2026 y 2027-2030), en el que se comenzó a trabajar tras la publicación de las Directrices Energéticas en enero de 2021, y que fueron elaboradas por la Agencia Andaluza de la Energía fruto de un exhaustivo trabajo que contó con la participación y el conocimiento de más de 100 expertos de 74 entidades, que establecieron las prioridades de actuación que se han desarrollado en la Estrategia Energética de Andalucía a 2030.

Además, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de tres manifestaciones de interés dirigidas a grandes empresas y entidades con instalaciones industriales sujetas a comercio de derechos de emisión de CO2 con el fin de que éstas presenten propuestas de inversiones susceptibles de recibir apoyo del Fondo de Transición Justa en las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba. Estos tres territorios han sido identificados por Bruselas como destinos prioritarios de la financiación europea, al sufrir el cierre de centrales térmicas generadoras de emisiones de efecto invernadero y, por tanto, al afrontar mayores retos en la transición ecológica que marca Europa.

Las convocatorias de manifestaciones de interés son consultas abiertas que recogen posibles ámbitos de actuación. En este caso, se centran en proyectos que se ubiquen en las citadas provincias y contribuyan a hacer frente a las carencias históricas en materia de industrialización existentes. Deberán abordar el reequilibrio de las fuentes de crecimiento económico y los costes sociales y monetarios de la transición ecológica, con el fin de compensar la pérdida de empleo asociado a los procesos de transición y, concretamente, al cierre de antiguas instalaciones de generación de electricidad a partir de carbón.