La Junta de Andalucía reanuda los cursos de formación para el empleo paralizados desde hace un lustro

Algo más de un año ha necesitado por tanto la Junta para la tramitación de estas primeras adjudicaciones después de cinco años en los que esta línea de ayudas para el empleo quedó totalmente paralizada al detectarse en 2012 numerosas irregularidades en el procedimiento administrativo. Un fraude millonario que dio pie a un largo proceso judicial, hoy archivado, y a la convocatoria de una comisión parlamentaria que determinó la responsabilidad administrativa del fraude por la falta de control, no pudo concretar la millonaria cifra de dinero malversado y ciñó las responsabilidades políticas a los altos cargos de la Consejería eximiendo a los máximos dirigentes de la Junta en el periodo investigado, los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán .

La investigación se remontó al año 2002 y puso de manifiesto una década de adjudicaciones sin control, cursos que no se realizaban, profesores que no lo eran, dinero malversado y el incumplimiento sistemático de los requisitos finalistas del programa que en muchos casos incluía la inserción laboral de los alumnos. Las dimensiones del escándalo obligaron al presidente Griñán a paralizar el procedimiento. La Junta se escudó en falta de medios para la fiscalización y prometió dotar al programa de empleo —que se financia con fondos del Estado y comunitarios— de las garantías necesarias para evitar las irregularidades. En esto ha tardado cinco años, durante los cuales Andalucía, la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de paro tuvo que devolver al Estado más de 620 millones de euros, algo más de la mitad de los fondos transferidos para combatir el desempleo.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero , se congratuló de haber cumplido «el calendario previsto», en referencia al último plazo dado en junio por la Junta. De la convocatoria en marcha se generarán 1.523 acciones formativas, en las que podrán participar 22.845 desempleados. En Sevilla, por ejemplo, se han sido adjudicados hasta ahora 326 cursos a 56 entidades. En toda Andalucía, los cursos de Formación Profesional para el Empleo serán impartidos por 343 entidades con un presupuesto de 64,9 M €.

El consejero, que no achacó la paralización del procedimiento al fraude, sino a «la campaña de judicialización emprendida», destacó que en la convocatoria, además de adecuarse a los cambios legales a nivel estatal, se han incluido las principales novedades que anunció en su momento la presidenta Susana Díaz en el Parlamento , entre las que se encuentran primar las acciones formativas que permitan a los beneficiarios la obtención de certificados de profesionalidad, como garantía de la utilidad de la formación recibida a la hora de acceder a una oferta de empleo, y el establecimiento de criterios de baremación cuantificables que garanticen la concurrencia competitiva en el acceso a las subvenciones para la realización de cursos, así como la imposibilidad de poder subcontratar las acciones formativas por la entidad beneficiaria.

En relación con la forma de pago, se fija una única forma, de manera que las entidades beneficiarias recibirán como anticipo un 25% de la subvención en el momento de la concesión de la misma; un 35% una vez acreditado el inicio de la actividad formativa, y el 40% restante tras la justificación total de la subvención concedida. En el caso de que las entidades beneficiarias sean entidades públicas, como las Escuelas Taller y Talleres de Empleo , se ha aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno la modificación en la forma de pago aumentando el anticipo al 75% de la subvención en el caso de los ayuntamientos, lo que supone un alivio financiero considerable para los corporaciones municipales en la ejecución de estos proyectos.

Con la nueva normativa, la concesión y los pagos se someten a un procedimiento de fiscalización previa, la justificación final de las subvenciones se realiza mediante la presentación de la cuenta general justificativa de la actuación y el informe de un auditor y que las entidades beneficiarias están debidamente acreditadas para impartir la formación para el empleo, debiendo contar con medios suficientes y adecuados para poder desarrollar las acciones formativas.