Andalucía no da cursos de formación desde 2011 pese a tener un paro del 32%

Las políticas de empleo no están funcionando en esta región, pese a ser la que más fondos recibe cada año del Estado, mientras se siguen sucediento los escándalos e irregularidades en el uso de los fondos públicos que recibe . En las investigaciones abiertas por la Justicia es en lo que se escuda la Junta para justificar la parálisis de los cursos, que se ha comprometido a reactivar en 2016, con una partida ya consignada en los Presupuestos de 207 millones de euros .

Podemos recriminó ayer al Gobierno andaluz que haya malgastado 1.180 millones de euros del Presupuesto andaluz de formación en los últimos años, una cifra que se corresponde con los fondos asignados y no gastados por su Ejecutivo en cada ejercicio, unos 200 millones. A ellos se unen los recursos destinados desde el Estado que tampoco se han usado .

El último año liquidado es 2013. En ese ejercicio, el Servicio Público de Empleo Estatal distribuyó 1.342 millones entre las autonomías para políticas activas de empleo . El mayor montante, como sucede año tras año por el alto volumen de desempleo, fue destinado a Andalucía, que recibió 298 millones. Dado que apenas justificó el 24% de los fondos recibidos perdió el 72,30% de las ayudas públicas transferidas . El Ejecutivo tan solo le pagó 37,4 millones. Es decir, 227 millones menos.

Este ejercicio puede volver a ocurrir lo mismo. A 30 de septiembre, Andalucía ha sido la única región de España que no ha rendido cuentas al Ministerio de Empleo sobre los fondos recibidos por el Estado, según las fuentes consultadas por ABC . Y, aunque tiene de plazo hasta diciembre, todo apunta a que no lo hará, teniendo en cuenta que no ha impartido formación ni el pasado año ni este. En 2014, el último ejercicio dotado económicamente, Empleo distribuyó entre las regiones 1.236 millones de euros y de ellos un total de 271 millones fueron para la región que dirige Díaz.

La política que se sigue en el control de estos fondos obliga a que cada región justifique en qué ha gastado los recursos públicos recibidos, lo que año tras año no hace la región andaluza. En 2014, el año sobre el que las regiones tienen que rendir cuentas ahora, el 40% de los fondos se condicionaron a los resultados obtenidos en la lucha contra el paro y durante este ejercicio esa proporción ascenderá al 60%, es decir, que seis de cada diez euros estarán vinculados a hacer bien las cosas.

Los escándalos de la formación salpican a Andalucía desde 2008. Ante las primeras sospechas que planean sobre la gestión de estos recursos, el Gobierno andaluz , entonces presidido por José Antonio Griñán, traspasó las competencias sobre la formación de la Consejería de Empleo a la de Educación y el reparto de subvenciones se paraliz ó.

Carlos Cañavate, que entonces era director general de Formación para el Empleo en la Junta, relató a la Guardia Civil en julio de 2014 que desde 2007 habían llegado ingentes cantidades procedentes del Fondo Social Europeo y no daban abasto para comprobar si las acciones formativas se llevaban a cabo. La ley estipula que para dar una nueva subvención a una entidad, esta tiene que haber justificado otras ayudas anteriores. Para no perder los fondos, el Gobierno andaluz exoneró a los beneficiarios del deber de presentar facturas acreditativas de los gastos en tiempo y forma . La Junta convirtió en regla una medida excepcional que contempla la ley por motivos de «especial interés social» para seguir dando ayudas. Entre 2008 y 2011, según datos de la Administración, 1.162 entidades se libraron de justificar los fondos recibidos.

En abril de 2014, la Policía destapó un millonario fraude de los cursos para parados en torno a las empresas que recibieron ayudas con compromiso de contratación de los alumnos participantes. La operación Edu contra una red de empresas «caza-subvenciones» se extendió por todas las provincias andaluzas y acumula causas abiertas en 18 juzgados. La juez Mercedes Alaya inició unas diligencias tras advertir en un auto que el Gobierno andaluz había entregado 950 millones en subvenciones a la formación desde 2008 que están sin justificar gracias a las exoneraciones masivas. Tres exconsejeros andaluces de Empleo, responsables de la gestión de estos fondos, Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio, están imputados.