La Junta de Andalucía pondrá el «pin parental» de Vox pero dentro de la ley de Educación

Pero la realidad es que, al menos en Andalucía, todavía no hay nada. Y así lo explicaba el consejero de Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos) —«está en fase embrionaria» decía— que es precisamente quien tiene la obligación de implantarlo. Está analizando cómo aplicarlo teniendo en cuenta que el rechazo de Vox a determinados contenidos en los colegios afecta a actividades complementarias (y no extraescolares) para los alumnos que son obligatorias y se aprueban cada año por los respectivos Consejos Escolares. Sin embargo, se trata de una demanda que está incluida en el acuerdo de Presupuestos que firmó el PP andaluz (el consejero de Hacienda Juan Bravo), con Vox a cambio de su apoyo parlamentario para que salieran adelante en el Parlamento andaluz.

Y precisamente por ello el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, aseguró ayer que está a favor de implantar esta medida, aunque puso como límite lo que establece la Ley de Educación, «nosotros, dentro del mensaje general, no vemos mal que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. No hacía falta que Vox planteara este asunto para que el Gobierno andaluz pudiera decir que quiere que los andaluces decidan sobre su futuro y el de sus hijos».

Esta opinión no la comparte, sin embargo, la otra mitad del Gobierno regional. El vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos) también se pronunció ayer sobre el asunto explicando que no comparte la posición de Vox respecto al pin parental pero que para gobernar el Ejecutivo andaluz hay dos pensamientos pero un sólo proyecto. «Tampoco comparto otros temas con el PP y PSOE pero tengo que llegar a acuerdos cuando se habla del interés general».

Mucho más contundente fue la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz quien recordaba que «todos estamos obligados a educar en tolerancia, igualdad y diversidad. Hay libertad de los padres para elegir centro, para seguir la evaluación de sus hijos, pero también hay un currículo oficial de educación en valores», aseguraba al tiempo que insistía en que su departamento seguirá impulsando acciones contra la homofobia y a favor de la libertad sexual. Unos programas que se están llevando a cabo desde el Instituo Andaluz de la Mujer con fondos del Pacto de Estado.

El llamado «pin parental» es una de las medidas estrella del programa electoral de Vox y que supone, en la práctica, el bloqueo de los padres para que sus hijos no reciban determinados contenidos en los colegios, contenidos que hacen referencia a la educación afectivo-sexual en las aulas. En la práctica, se trata de un papel que permite a los padres vetar las actividades externas que cuestiona n sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios. Así, los padres tendrán que firmar una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI, de tal forma que los progenitores puedan dar su consentimiento para que su hijo asista o no.

Vox tiene en su página web un modelo de «pin parental» que declara que «ante la posibilidad de que mi hijo pueda ser adoctrinado en ideología de género contra mi voluntad, mis principios y valores morales (...) me dirijo a usted para solicitarle que el centro que dirige nos informe previamente a través de una autorización expresa sobre cualquier materia que puedan resultar intrusiva para la conciencia y la intimidad de mi hijo» y prestar consentimiento a que asista o no.

Desde Vox Andalucía, el juez Serrano apostaba por este instrumento «ante el adoctrinamiento impartido por dementes comisarias políticas de género que les inculquen su veneno de odio, irracionalidad e inmoralidad».

La reacción más dura contra esta medida ha sido la del Gobierno central.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Ministerio de Educación y Formación Profesional recurrirá ante los tribunales la decisión del Ejecutivo de la Región de Murcia de implantar el «pin parental» en sus centros educativos. «Vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación. Se trata de un derecho fundamental, de un derecho constitucional. Esta medida fue aplaudida por Adelante Andalucía, formación que pidió al presidente andaluz que «paralice inmediatamente su implantación». Desde el PSOE, Beatriz Rubiño consideraba que este pin es una «censura» y va «contra la norma», y calificaba a sus impulsores de «aprendices de inquisidores».

También se ha pronunciado la Confederación andaluza de asociaciones de madres y padres del alumnado por la educación pública, Codapa, que rechazó «totalmente» el «pin parental» ya que consideran que las actividades realizadas dentro del centro escolar «están dentro del currículo del alumnado».