La Junta de Andalucía no podrá volver a firmar contratos públicos por el sistema de emergencia

El asunto no es menor ya que este sistema de contratos públicos tiene muchos menos controles administrativos y técnicos que los habituales puesto que se diseñó para poder hacer frente a la crisis del Covid y se utilizó sobre todo por parte del SAS . El PSOE ha denunciado el «abuso» de este modelo y ha pedido información sobre todos los contratos que se hicieron con este procedimiento. La respuesta del Gobierno andaluz fue derogar esta norma y este miércoles se ha aprobado en el Parlamento con los votos a favor de todos los grupos y la abstención de los de Unidas Podemos.

Ante el Pleno del Parlamento, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo , ha defendido este decreto que también amplía el plazo para justificar las ayudas a la solvencia empresarial hasta el 31 de mayo, dos meses más de lo previsto. Además, la norma plantea mejoras en la normativa aprobada para desarrollar medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía, con aclaraciones y adecuaciones técnicas que permitan el desarrollo de las seis líneas de incentivos en las respectivas convocatorias que van a ponerse en marcha, con una financiación global de 167,76 millones de euros.

Entre estas mejoras, según ha detallado el consejero, se encuentra la posibilidad de que las microempresas, trabajadores autónomos y empresas de economía social que quieran acogerse a la línea de mantenimiento de empleo y a la de ayudas a la transición hacia una economía verde y digital puedan presentar como actuación subvencionable la realización de acciones de capacitación, formación y sensibilización en economía verde o transformación digital con una duración mínima de 20 horas.

También se ha concretado para la línea denominada 'Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables' los requisitos necesarios para que las entidades accedan al incentivo de 6.000 euros por desempleado atendido e insertado laboralmente. Los colectivos a los que va dirigido este programa son personas con discapacidad, parados de larga duración (que lleven doce meses en situación de desempleo en los 18 meses anteriores al inicio del proyecto), personas pertenecientes a minorías étnicas, demandantes de empleo mayores de 45 años, inmigrantes, mujeres con problemas de integración social, desempleados en riesgo de exclusión social y perceptores de prestaciones.

La controversia política ha estado centrada en las críticas del PSOE, cuyo parlamentario Mario Jiménez ha explicado que este decreto refleja la «incapacidad, inutilidad e incompetencia» del Gobierno de PP y Cs para afrontar la crisis de la pandemia, además de «la rectificación y reconocimiento expreso de una culpa» de la Junta, que «ha estado contratando en fraude de ley al menos desde hace un año, abusando de la pandemia y sus terribles consecuencias para justificar poner en marcha más de 20.000 contratos a dedo como y cuando han querido y con quienes querían hacer esa contratación», según ha criticado antes de pedir al consejero que «no tome el pelo» al Parlamento esgrimiendo la bajada de la tasa de incidencia de la pandemia para justificar la derogación del procedimiento de contratación de emergencia.

Por parte de Unidas Podemos por Andalucía, el diputado Ismael Sánchez ha avanzado que su grupo no iba a poner «reparos» en apoyar modificaciones legislativas «puramente técnicas» que plantea este decreto, si bien ha sostenido que demuestran que en el Gobierno de PP y Cs son «muy chapuzas «, y por eso tienen que introducir esos cambios para »corregir errores« por sus »prisas« al gestionar. Además, respecto a la contratación de emergencia, ha criticado que la Junta ha estado utilizando la fórmula que ahora se deroga »hasta hace dos días« y para »cuestiones que no han tenido nada que ver« con la pandemia, por lo que la derogación »llega tarde«, aunque »bienvenida sea«.

El portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha acusado al Gobierno andaluz de llevar decretos al Parlamento «a modo de trágala» para «chantajear» a su grupo con uno como el debatido este miércoles que incluye cuestiones hacia las que están «a favor», como el fin de las contrataciones de emergencia y la extensión del plazo de justificación de las ayudas a la solvencia empresarial, con otras con las que están en contra, incurriendo así en «una práctica muy propia del Gobierno de Pedro Sánchez que deberían dejar de utilizar» desde la Junta, según ha comentado.