El PSOE investigará todos los contratos que firmó la Junta de Andalucía en la pandemia

El diputado socialista Mario Jiménez ha subrayado que la Junta ha seguido recurriendo a la contratación de emergencia «a pesar de que, desde mayo de 2021 el Gobierno de España ya determinó que las condiciones que justificaban la utilización» de ésta «había concluido al haberse disipado las condiciones del mercado que habían justificado su puesta en marcha».

Según ha explicado, el Gobierno andaluz adaptó dicha resolución del Ejecutivo central con algunas modificaciones, elevando a seis meses el plazo de un mes que recogía el decreto del Estado y ampliando la posibilidad de adelantar el dinero hasta el cien por cien en lugar del 25% como planteaba el Estado.

Esas dos decisiones «no abundan en el control de la utilización de los fondos públicos», según Mario Jiménez quien ha advertido que su grupo quiere «investigar toda la contratación de emergencia de 2020, de 2021 y toda la que, de manera sorprendente, se sigue haciendo en un claro fraude de ley».

El diputado socialista ha detallado que, gracias a que la Cámara de Cuentas incluyó en su plan de fiscalización de 2020 los contratos de emergencia, desde el PSOE han sabido que por ese procedimiento se realizaron «17.472 contratos por un importe de 979,8 millones de euros» ese año, de los que «el 90% son menores», y se realizaron desde «todas las instancias de la administración de la Junta, aunque especialmente desde la Consejería de Salud y el SAS« .

Por provincias, según ha advertido, se detecta «una inflación enorme» en el número de esos contratos en la de Málaga, ya que mientras la media de contratación en las provincias está «por debajo de 1.000», en la malagueña hay «cerca de 8.000 contratos».

En este sentido, el diputado socialista ha anunciado que su grupo va a «pedir todos los contratos» de la Junta correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, así como «certificación al Consejo de Gobierno de que se cumplen los requisitos» necesarios.

En esa línea, ha trasladado la sospecha de que desde la Junta «se ha buscado ir a la contratación menor porque ese régimen de contratación es más laxo frente a contratos que razonablemente se podrían haber acumulado buscando un mejor uso de los recursos públicos», con «mayor control y transparencia en el proceso de contratación».

Finalmente, el diputado socialista ha remarcado que ya se han dictado «cincuenta sentencias en los tribunales vía administrativa que ponen en evidencia que el Gobierno de la Junta ha abusado de la contratación de emergencias» en materia de personal, y que, por ello, «han declarado nulas las contrataciones de más de 4.000 trabajadores públicos en Andalucía«.