La Junta de Andalucía margina al funcionario que tiró de la manta del fraude de formación

De tener a más de 40 técnicos a su cargo en el año 2009, ha pasado a dirigir un equipo de cuatro técnicos y dos administrativos y se le «impide la realización de todo tipo de actuaciones» y la consulta de expedientes de los cursos, expone en un escrito registrado en el Parlamento el 21 de diciembre, donde aparecen dos destinatarios: el presidente de la Cámara autonómica, el socialista Juan Pablo Durán, y el de la comisión de investigación de los cursos, Julio Díaz (Ciudadanos). Ni la Presidencia del Parlamento ni el máximo responsable de la investigación aseguran tener constancia del enigmático escrito. Fuentes de la Presidencia de la Cámara aseguran que el escrito con la denuncia de acoso laboral se remitió directamente a Julio Díaz. Pero éste alega que no le consta haberlo recibido. El caso es, uno por otro, el escrito no llegó a los miembros de la comisión, integrada por diputados de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU, hasta el pasado martes. Al conocer que su informe no había sido notificado a los últimos destinatarios, el testigo protegido lo presentó nuevamente en el Parlamento esta semana acompañado de otro escrito donde mostraba su «indignación» por no haberse dado traslado de su denuncia a los grupos .

Las declaraciones de este funcionario nunca han resultado cómodas para el Gobierno andaluz. Ya fuera como testigo del caso Formación ante la juez Mercedes Alaya, que le brindó protección policial, o como compareciente, año y medio después, ante la comisión que investiga las irregularidades en los cursos, el jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional para el Empleo (FPE) de la Junta en Sevilla ha levantado ampollas.Ante la comisión, Montes declaró que las ayudas de los cursos se convirtieron en el «negocio del siglo en la Junta» con la connivencia de los altos cargos políticos del Gobierno andaluz, que ha logrado «pingües beneficios» en términos de paz social e influencia.

La eliminación de sus competencias supone, a su juicio, «el colofón al acoso laboral» del que es objeto. La Junta y sus superiores fueron condenados por «mobbing» en 2012, indicó.