Así es el caso Umax, que lleva a la cárcel a dos ex directores generales de Trabajo por enchufismo

En el año 2003, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero acordó de forma verbal con el dueño de Umax contratar personal externo para su departamento y otros de la Consejería, sin que tuviera competencia para ello.

La Audiencia de Sevilla concluye que existieron dos formas de pagar a la empresa. De un lado, la Junta, ante la ilegalidad de la contrataciones, simuló la concertación de contratos menores inexistentes, para lo que sólo hacía falta una factura con un concepto que no era real. La segunda opción era un procedimiento de negociación sin publicidad, invitando a tres empresas vinculadas a Cuadrado e indicadas por Guerrero. A partir de 2007, la Fundación Faffe , con fondos de subvenciones otorgadas por Empleo, pagaba las facturas

A finales de abril de 2010, Daniel Rivera , como director general de Trabajo, recibió a Cuadrado, quien le transmitió sus reclamaciones por los impagos de las facturas de los años 2007 a 2010. Rivera apreció posible ilegalidad en esta situación y lo puso en conocimiento del exviceconsejero del ramo Justo Mañas y decidieron que estos trabajadores abandonaran «ipso facto» las sedes de Empleo.

Rivera, condenado por prevaricación, puso freno a las contrataciones de Umax, pero intermedió, junto a Lourdes Medina , para que los trabajadores afectados fueran contratados por la Fundación Faffe, que está siendo investigada en los juzgados sevillanos.

La Junta integró en el año 2011 a este personal de la Faffe, tras su extinción, en el Servicio Andaluz de Empleo .