El juez requiere a UGT Andalucía los bienes para cubrir la fianza de 40 millones

Mediante una providencia del pasado 21 de julio a la que ha tenido acceso ABC, el juez de Instrucción número 9 de Sevilla dispone también que se proceda a la «averiguación patrimonial» del sindicato realizando una consulta a través del Punto Neutro Judicial en el caso de que no atienda su requerimiento. El pasado mes de junio, tras conocer el auto de apertura de juicio oral contra la antigua cúpula ugetista, la organización que dirige Carmen Castilla , a través de su representante jurídico, presentó un escrito al juez por el que ponía a su disposición el patrimonio del sindicato para evitar el embargo preventivo de sus bienes. Alegaba que no era necesario acordar ninguna «medida cautelar» para afrontar la fianza millonaria que pudiera «obstaculizar el curso ordinario de su actividad sindical».

La UGT-A multiplicó sus aulas al calor de las ayudas de la formación entre 2009 y 2013. Con la investigación judicial ya en marcha y después de que la Junta paralizara los cursos, la dirección regional traspasó por 5,5 millones a la UGT confederal la casa de tres plantas en el Centro de Sevilla donde tenía su sede regional. Para ahorrar gastos, se mudó al edificio de la avenida Blas Infante en la capital hispalense, que pertenece al Patrimonio Sindical Acumulado, cuyo uso le cedió el Estado.

El magistrado le ha rebajado a la UGT-A en medio millón de euros la cuantía inicialmente solicitada de 40,75 millones de euros «en concepto de responsable civil subsidiario» por la presunta financiación irregular del sindicato en el caso de que los exdirigentes procesados «no presten la fianza exigida». En la citada providencia, se acuerda el embargo de una vivienda propiedad del administrador de la empresa proveedora Imprenta Pineda.

En el denominado caso de las facturas falsas, la Fiscalía Anticorrupción solicitó siete años de cárcel y una multa de 50 millones de euros para Fernández Sevilla. Idéntica pena y multa pide para el exsecretario general de Administración Federico Fresneda ; la secretaria de gestión económica María Charpín y Enrique Goicoechea, el consejero delegado de Soralpe , una entidad creada por UGT-A para endosar a subvenciones de la Junta supuestas facturas falsas y alquileres ficticios de las aulas donde se impartían cursos.