Juanma Moreno insta a Pedro Sánchez a parar el «ataque político» del Gobierno a Andalucía

Nadie apuesta por un acuerdo tras la conversación que esta mañana mantendrán Sánchez y Moreno por teléfono dentro de la ronda de consultas a presidentes regionales sobre la formación de Gobierno. Una breve charla hipotecada por la medida de Hacienda que obliga a la Junta a aplicar un plan de ajuste y devuelve a la comunidad al Fondo de Liquidez Autonómico, impidiéndole salir a financiarse a los mercados, a pesar de las expectativas que había levantado la emisión de deuda andaluza, precisamente por los indicios de recuperación económica en Andalucía.

Andalucía se convierte en la única comunidad que vuelve a estar privada de acudir a financiarse libremente a los mercados, situación en la que permaneció desde 2012 hasta mediados de 2018. Y todo por una décima en el déficit del ejercicio económico de 2018, el último que gestionó el PSOEen Andalucía. Unas cuentas elaboradas por la propia ministra de Hacienda en funciones , María Jesús Montero, que hasta junio de 2018 fue consejera de la Junta de Andalucía.

Desde su Ministerio se esforzaban en restar responsabilidad a la etapa de Montero como consejera. Achacan la desviación del déficit a la gestión económica de 2019 que imputó gastos al ejercicio 2018, esgrimiendo que cuando Montero dejó Andalucía en junio de 2018 el déficit provisional se situaba en el 3,7 por ciento, por debajo del objetivo del 0,4.

Pero una cosa es el cáracter técnico de la medida y otra el relato que acompaña a una decisión de clara trascendencia política que se interpreta como una injerencia del Ejecutivo de Sánchez para trabar las reformas económicas que el PP y Ciudadanos están aplicando a una comunidad que gobernó durante 37 años el PSOEy que sigue marcada por turbios asuntos económicos como ha demostrado la reciente sentencia del caso ERE. Moreno habla de «venganza».

Esa gestión tiene un pasado muy reciente en el que han aflorado deudas de 800 millones de euros por sentencias de impagos de la Junta, ejemplo de las «sorpresas» encontradas por los nuevos gestores en los cajones de las consejerías. Buena parte de esas deudas, como la del sobrecoste del Metro de Sevilla o las desviaciones del gasto farmacéutico, eran imputables necesariamente al ejercicio de 2018.

El Gobierno andaluz se siente víctima de una «censura» de la ministra de Hacienda a su propio papel como consejera, toda una paradoja. El último gobierno socialista fue incapaz de preparar un presupuesto para 2019, toda vez que la presidenta Susana Díaz ya barruntaba el adelanto electoral de diciembre. La partida de Montero a Madrid supuso el desmantelamiento de parte del equipo de la consejería que, comandada por Ramírez de Arellano, no fue capaz de preparar las cuentas. Arellano era ayer de las pocas voces del PSOEandaluz que opinó sobre el caso para decir que los socialistas tuvieron que «elaborar planes de ajuste sin que sirviera de excusa para recortes en Sanidad, Educación o Dependencia». Arellano es consciente de los efectos que puede tener la medida en las todavía maltrechas arcas de la comunidad, algo que la Junta no niega. «Se trata de una acción coordinada por el socialismo para evitar la bajada de impuestos y conseguir que hagamos recortes en la sanidad, la educación y los servicios públicos», dijo el presidente Moreno.

En el Gobierno andaluz no dudan de que la intervención financiera de sus cuentas, unida al retraso de las entregas a cuenta o al impago del IVA, –por no hablar del olvido en el que quedó el pago de la deuda de 4.000 millones con Andalucía –, son trabas utilizadas por el PSOEpara imposibilitar el saneamiento de las cuentas andaluzas, labor en la que trabaja desde enero el equipo del consejero Juan Bravo, encargado de redactar y aprobar en diez meses la prórroga del presupuesto no redactado de 2019 , el presupuesto para seis meses de ese ejercicio, y el de 2020, aprobado el jueves en el Parlamento andaluz y que precisamente plantea como objetivo de la comunidad el «déficit cero».

La aprobación de ese presupuesto suponía un gran logro político, por cuanto asegura al Gobierno bipartito en minoría una legislatura casi a término, al poder prorrogar las cuentas en 2021. Los condicionantes aplicados ahora por Hacienda enfrían la celebración y tiran por tierra el trabajo de búsqueda de financiación en los mercados , además de suponer un daño en la reputación económica de Andalucía, que no pasa desapercibido para el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía,Javier González de Lara, que calificó ayer de «inoportuna» la decisión del Gobierno de Sánchez.

Fuentes del Ministerio de Hacienda descartan un acuerdo. No hay más salida: plan de ajuste o insumisión. Niegan que se trate de una «intervención». porque no se han retenido las cantidades a cuenta, pero no entran en las responsabilidades políticas. Es decir, el Gobierno de Sánchez, que en su primera reunión de junio de 2018, con Montero de ministra, levantó la intervención a las cuentas de la Generalitad de Cataluña para «dialogar» con Torra , no tiene reparos en delatar la mala gestión económica del socialismo andaluz con tal de frenar la estrategia de reformas del PPy Cs para la recuperación de la Andalucía de los ERE. La decisión ha sorprendido hasta al alicaído PSOE andaluz. Ni siquiera se ha esperado a que el gobierno andaluz «del cambio» fracase en su objetivo de déficit para 2019, porque, según qué territorios, «la ley es la ley» y se aplica.