El jefe de personal se incluyó en el ERE subvencionado de una fábrica de chorizos y siguió trabajando

Sobrino declaraba ayer como investigado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en una pieza separada de la macrocausa ERE que analiza el destino de las ayudas concedidas a esta fábrica de productos cárnicos que hoy está en ruinas después de pasar por distintos dueños: Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa), Campocarne y Primayor.

Según obra en el sumario, el propio jefe de personal envió el 8 de septiembre de 2005 un correo electrónico al entonces director general de Trabajo de la Junta , Francisco Javier Guerrero, donde le adjuntaba la relación de trabajadores con jubilación anticipada. Sobrino figuraba en el estudio remitido por Primayor que cuantificaba la prima asignada a él en 294.237 euros.

En esa fecha sólo tenía 50 años , aunque hay empleados que no llegan ni a esa edad. El jefe de personal contó que había enviado el listado de los extrabajadores por orden del consejero delegado de Primayor y ex gobernador civil de Cádiz César Braña, ya fallecido. En el email también le comenta que había remitido el estudio de los datos al conseguidor de ayudas, Juan Lanzas.

El ex secretario general de la Federación de Alimentación de UGT en Andalucía actuaba como asesor del comité de empresa de Primayor . También estaba citado a declarar en el juzgado pero no se presentó. Es la segunda vez que no acude a una comparecencia judicial. En las reuniones para negociar el ERE también estaba el abogado Carlos Leal.

El jefe de personal de la fábrica relató que en 2005 hubo una reunión en Sevilla de representantes de la empresa, el comité y Guerrero —que ayer se acogió a su derecho a no declarar ante la juez—. Fue allí donde el ex alto cargo indicó que se iba a hacer un ERE financiado por la Administración autonómica, según admitió el director de Recursos Humanos de Primayor, Felipe Monforte. Agregó ante la juez que Primayor funcionaba como «un reino de taifas».

El abogado Carlos Leal trabajó en la tramitación del ERE de Hamsa por mediación del actual director general de Innovación, Javier Castro, según declaró el letrado en el juzgado. El letrado Carlos Leal montó la asociación de extrabajadores de la fábrica y a cambio de sus gestiones les cobraba unos honorarios con dinero de las subvenciones. La agencia autonómica IFA/IDEA pidió un préstamo a Caja Granada para adelantarle el pago de los salarios atrasados e indemnizaciones que debían percibir del Fogasa.

En el juzgado también declararon otros prejubilados en los sucesivos ERE de Hamsa y Primayor. Coincidieron en que los sindicatos y un «abogado de Sevilla» que no identificaron les obligaron a meter el dinero que les correspondía del Fogasa (en torno a un millón de euros) en cuentas de los sindicatos. La fiscal les preguntó si era Leal, pero ninguno se acordaba.

Pese a negarlo, uno de los prejubilados citados ayer, Bonifacio Muñoz, aportó a la Guardia Civil una carta que firmaba Carlos Leal en la que le instaba a abonar a la asociación «la suma cobrada en concepto de indemnización del Fogasa», que en su caso ascendía a 696.038 pesetas (4.183 euros). La carta está fechada el 3 de noviembre de 2000.