El abogado del PP acusa a Chaves y Zarrías de «regalar» 6 millones a la fábrica de chorizos de los ERE

Así se desprende de la documentación que forma parte del sumario de una pieza separada del caso ERE que investiga las irregularidades en las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a esta fábrica de productos cárnicos que, tras pasar por distintos propietarios (Hijos de Andrés Molina S.A. o Hamsa, Campocarne y Primayor) hoy está en ruinas.

El letrado que ejerce la acusación popular por el PP en esta macrocausa, Luis García Navarro, ha pedido a la juez instructora del caso, María Núñez Bolaños, que cite en calidad de investigados al expresidente de la Junta Manuel Chaves y a su antiguo consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, al exconsejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez y al expresidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) Salvador Durban.

El abogado denuncia que « Chaves y Zarrías regalaron a Campocarne 6 millones para comprar los activos de Hamsa porque el préstamo lo aprobó el Consejo de Gobierno, un acuerdo que luego ratificó el consejo rector del IFA», el ente que utilizaba la Consejería de Empleo para pagar las ayudas irregulares y que llegó a poseer el 80 por ciento de sus acciones en 1997. Este jueves declaró por este asunto en el juzgado Salvador Durban, quien reconoció que firmó un convenio con Presidencia el 22 de diciembre de 1999 que garantizaba la cobertura presupuestaria del préstamo-puente concedido a Campocarne.

La Consejería de Presidencia se comprometió a entregarle los 6 millones como subvenciones en los años sucesivos y a recolocar a los trabajadores. Algunos de ellos fueron prejubilados después con cargo al conocido «fondo de reptiles». El acuerdo con la Junta, guardado en la caja de seguridad de un banco, recogía beneficiarios de ayudas que sólo tenían 48 años, una edad insólita para prejubilarse.

El escándalo de los ERE fraudulentos, que ha sentado en el banquillo a dos expresidentes autonómicos y a 20 exmiembros de sus respectivos equipos de gobierno, tiene su origen en esta fábrica. La Comisión Europea declaró ilegales e incompatibles con el mercado común los 50 millones de euros en garantías y préstamos otorgados a Hamsa .

El PP equipara este caso al préstamo reembolsable de 36,1 millones a Santana Motor . El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, a instancias de la Fiscalía, investiga la supuesta manipulación del convenio por parte de la Junta para transformarlo en «una ayuda a fondo perdido».

Quien fuera interventor delegado de Empleo en el año 2000, Joaquín Alegre, puso serios reparos a la primera ayuda excepcional autonómica para prejubilaciones a la Asociación de Extrabajadores de Hijos de Andrés Molina SA al entender que podía dañar el principio de libre competencia frente a otras empresas sin subvenciones. Alegre fue destituido «sin ninguna explicación» tras emitir este informe de disconformidad, según declaró en el juicio de la pieza política del caso ERE.

Tras su marcha, la Consejería de Empleo puso en marcha el sistema de los ERE. Suscribió el famoso convenio del 17 de julio de 2001 por el que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis mientras que el IFA (luego IDEA) las pagaba, lo que ponía cortapisas a la fiscalización previa de los fondos por la Intervención.

El muñidor de aquella operación por parte del Gobierno andaluz fue Zarrías, mientras que el «conseguidor de los ERE», Juan Lanzas, entonces responsable de la federación de alimentación de UGT en Jaén, representaba los intereses de los trabajadores de Hamsa, en suspensión de pagos.

En enero de 2004 Campofrío vendió la planta a Primayor. Esta compañía envió un documento al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en el que exponía que el citado «préstamo nunca tuvo intención de ser cobrado» . En 2008, Zarrías se reunió con la familia Ruiz Mateos para que montara una planta de precocinados, pero aquel proyecto nunca fructificó.