Isofotón, el apagón de la solar que se fundió 80 millones

Tan pronto como la Junta desconectó la ventilación asistida de sus presupuestos, la luz de Isofotón se apagó. En junio de 2013, la negativa de los bancos a refinanciar su deuda de 184 millones de euros empujó a la compañía a un concurso de acreedores. La agonía duró poco. El 14 de enero de 2014 cerró la planta y abandonaron las instalaciones los últimos 297 empleados .

Su triste historia aún colea. Las sombras que proyectó la gestión están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla en unas diligencias previas abiertas en 2015.

La sociedad Isofotón S.A. y otra filial suya, Silicio Energía, recibieron 80,5 millones de euros entre los años 2005 y 2012 en forma de avales e incentivos directos a fondo perdido a través de la agencia IDEA y su entidad Soprea.

Con el apoyo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción, la juez Patricia Fernández Franco indaga si las ayudas contaron con las preceptivas autorizaciones y trámites, si se excedió el límite de asignación presupuestaria fijado para los préstamos de la agencia IDEA. Se burlaron supuestamente los cauces legales para la concesión del dinero , «a sabiendas» del altísimo riesgo adquirido por el erario público y de la situación «ruinosa» que atravesaba la solar desde el año 2010, maquillada con unas cuentas falsas. También analiza «importantes irregularidades relacionadas con la entrada de los hermanos Serrano Serrano en la gestión de Isofotón S.A. a través del grupo Affirma». A los investigadores les resulta sospechoso que éstos compraran sus acciones por el precio de 1 euro en 2010.

La causa se ha reactivado con la citación judicial de tres gestores de Isofotón, los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano y Óscar López García , que figuró como apoderado de la empresa. Están llamados a declarar a partir del 15 de octubre próximo, junto con otros 37 ex altos cargos y mandos de la Junta, investigados por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental.

Los encausados de mayor rango son cuatro exconsejeros del Gobierno de José Antonio Griñán (2009-2013): Antonio Ávila (Economía), Manuel Recio (Empleo), Martín Soler y Francisco Vallejo (Innovación). Éste último ya fue condenado por la Audiencia de Sevilla, junto con Griñán y Manuel Chaves, por el sistema fraudulento de ayudas a empresas en crisis en el caso ERE.

La investigación ha entrado de lleno en las oficinas de la Junta y afecta a exmiembros del consejo rector de la agencia IDEA como el expresidente de El Monte, José María Bueno Lidón, y altos funcionarios como el exjefe del Gabinete Jurídico autonómico, Francisco del Río, absuelto en el caso ERE. No se descarta que la deflagración de las pesquisas alcance a despachos oficiales más elevados. Los Consejos de Gobierno de Chaves y Griñán ratificaron avales dados entre 2007 y 2011 a Isofotón que superan los 71 millones, al sobrepasar el límite de 1,2 millones.

La UDEF apunta a que Griñán presidía la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que participó «en la tramitación de los expedientes». Los agentes acusan , además, a altos cargos de su Ejecutivo en la agencia IDEA y del equipo de su sucesora, Susana Díaz , de «ocultar» hasta «en tres momentos» información vital para la investigación como que la firma solar había recibido 43 millones en 2007. Ante un mandamiento judicial de mayo de 2015, «la contestación recibida [por IDEA] no hacía referencia alguna a estos préstamos del año 2007», detallan.

Es la incógnita que trata de despejar la juez en esta causa, cuyo detonante fue una denuncia que presentó el comité de empresa de Isofotón en febrero de 2014. La UDEF distingue dos niveles de responsabilidad. La antigua Consejería de Economía (antes Innovación) «diseña y autoriza» el plan de financiación de Isofotón. Pero, «dada la relevancia de la empresa, la crisis social que suponía su quiebra y la continua financiación recibida, con vulneraciones tan graves de las normas, podría inferirse conocimiento y autorización de autoridades superiores. Lo contrario indicaría una completa autonomía en la actuación del consejero, sin límites ni controles de ningún tipo», aventura.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica dirigió durante ocho meses la expansión internacional de Isofotón y su «alianza estratégica» con Samsung, el plan financiado por la Junta mediante un préstamo irregular de 8,3 millones que la solar nunca devolvió pese a incumplir las inversiones comprometidas. Ribera llegó a Isofotón como directora general de Desarrollo Estratégico en septiembre de 2012, avalada por su anterior cargo de secretaria de Estado para el Cambio Climático hasta 2011. En julio de 2013, casi un año después de la concesión de la ayuda y pasados dos meses desde la marcha de Ribera, Soprea denunció a la firma por estafa.