Intervención «nunca» pidió parar los pagos de las ayudas de los ERE

Ese «procedimiento específico» se creó en 2001 mediante la firma de un convenio entre la Consejería de Empleo —cuya Dirección General de Trabajo concedía las ayudas— y el ente público IFA (luego IDEA) para que éste las pagara con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación, según las acusaciones para eludir la fiscalización previa. Diz-Lois —que estuvo investigado en esta causa aunque el juez que cerró la instrucción no vio indicios de delito para enjuiciarle— declaró ayer que en la agencia IDEA «nunca» tuvieron «ninguna duda» de que las ayudas se estuvieran fiscalizando correctamente en Empleo y de que «todo se hacía legalmente, si no, no hubiéramos pagado». Asimismo explicó que para materializar el pago de cada ayuda, se suscribían convenios particulares entre Empleo e IDEA que «pasaban por la asesoría jurídica» de la agencia pública que «jamás» alertó de ilegalidad, si bien realizaban un «control formal», ya que los expedientes para la concesión de las ayudas estaban en la Consejería de Empleo y en IDEA no tenían acceso a ellos y por tanto al sistema usado para darlas.

No obstante, insistió en que «nunca hubo tacha de ilegalidad» y en concreto la Intervención «nunca pidió que se suspendieran los pagos y añadió que las recomendaciones o avisos que hacían los interventores eran cuestiones que debía corregir la Consejería de Empleo. También dependía de la Consejería resolver el desfase presupuestario que los auditores de las cuentas de IDEA señalaron, porque los convenios suscritos suponían asumir compromisos de pago por encima del dinero que Empleo tenían presupuestado para estas ayudas en cada ejercicio, que no afectaba a la situación patrimonial de la agencia porque esta «sólo pagaba cuando recibía los fondos».