Imputados cuatro exdirectores de Formación en Andalucía por 'regar' con 6,5 millones a un centro sin personal

Para el juez, el consorcio « habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular ». La Junta decidió liquidarlo en noviembre de 2017, tras la apertura de las diligencias penales.

En esta pieza de la macrocausa de los cursos están investigados «por la presunta perpetración de delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación» hasta cuatro exdirectores generales de Formación de la Junta de Andalucía en la etapa socialista: María José Lara González, Andrés Sánchez Hernández, Manuel Brenes Rivas y María Teresa Florido Mancheño .

Los dos primeros ya estaban investigados en esta causa por « emitir de manera arbitraria e injustificada» certificados para librar el pago de ayudas millonarias al extinto centro formativo especializado en el sector naval, controlado y financiado por la Administración autonómica. Mientras que Manuel Brenes (2009-2010) y Teresa Florido (2011-2013) han sido llamados al procedimiento como investigados (actual denominación de imputados) mediante la citada resolución a la que ha accedido ABC. El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla justifica su imputación por ser también «responsables del posible otorgamiento irregular» de fondos públicos.

En el auto, el instructor argumenta que los antiguos altos cargos de la Consejería de Empleo acordaron abonar el importe íntegro de subvenciones a pesar de la «inexistencia de un ‘beneficiario’» de las ayudas, como estipula la Ley General de Subvenciones. El centro de formación ni siquiera «tenía personal adscrito» para impartir los cursos; una de las múltiples «deficiencias e irregularidades» que hizo saltar las alarmas de la Cámara de Cuentas de Andalucía cuando fiscalizó las subvenciones concedidas entre 2008 y 2010 al malogrado centro.

Las actividades formativas « no eran ejecutadas directamente por el Consorcio CTI sino que estaban adjudicadas a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe)». Para subcontratar los cursos firmaron un convenio el exdirector general de la Faffe y exsecretario general de Empleo del PSOE de Andalucía, Fernando Villén Rueda , y el presidente del consejo rector del consorcio, Juan Manuel Bouza Mera , que era delegado autonómico de Empleo en Cádiz desde mayo de 2004 a julio de 2012. Ambos ex altos cargos también están investigados en esta pieza separada de Formación.

«Ante la indebida justificación del destino de las subvenciones concedidas», a partir del año 2013 el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta empezó a tramitar expedientes de reintegro para pedir la devolución de los importes íntegros de cuatro ayudas concedidas entre 2007 y 2010 que suman 4.822.855 euros.

El supuesto mecanismo defraudatorio consistía en que los exdirectores de Formación María José Lara y Andrés Sánchez liberaban los pagos de las correspondientes subvenciones «de manera generalizada» y sin ejercer «un verdadero control de la actividad subvencionada» . Para «sortear» el sistema de control contable de la Administración, «se camuflaba ante la Intervención de la Junta el posible incumplimiento de los requisitos», según detalló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Para recibir más ayudas era imprescindible haber justificado subvenciones anteriores.

En un escrito presentado el pasado 5 de enero en el juzgado, la Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de prevaricación en la conducta de antiguos consejeros de Empleo que dictaron resoluciones por las que exoneraba al CTI, entre otras entidades beneficiarias, de la obligación legal de acreditar con facturas hasta el último céntimo recibido.