El juez reactiva el caso de los 2.900 millones en ayudas de formación repartidas por gobiernos socialistas de Andalucía

En un auto dictado el viernes 31 de julio al que ha accedido ABC, el magistrado ordena practicar numerosas diligencias, tal y como ordenó la Audiencia de Sevilla tras tumbar el sobreseimiento de la causa. Vilaplana encarga un informe de inteligencia policial a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una vez que analice todos los miles de expedientes de subvenciones para el desarrollo de acciones formativas relativas a Formación Profesional para el Empleo concedidas durante los años 2009 a 2012 por distintos gobiernos socialistas.

La investigación se centra en el control y gestión de los casi 3.000 millones de euros —se repartieron 2.896,48 millones entre 2002 y 2012 — empleados en once años para la formación de parados en la comunidad con mayor número de parados de España.

El objetivo es averiguar si se generó a conciencia «una situación de falta de control de las subvenciones y fondos comprometidos destinada, directa o indirectamente, a favorecer a determinadas personas y entidades beneficiarias de aquéllas con el consiguiente menoscabo del interés y de los correspondientes fondos públicos».

«Una vez obtenida toda la documental de la Consejería de Empleo y el resto de informes y actuaciones anteriores, cuya práctica se acuerda en la presente resolución, la Unidad Central Operativa de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil deberá elaborar Atestado con Informe de Inteligencia Policial sobre el resultado final de la investigación », acuerda el instructor.

El juez libra un oficio a la UCO por el que le insta a continuar con las pesquisas con el fin de lograr el «total esclarecimiento de los hechos y, en particular, proceda al análisis y examen, con la asistencia de los peritos designados, Interventor de la Junta de Andalucía e Interventor de la Intervención General del Estado , de los expedientes digitalizados aportados a este Juzgado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía con fecha de entrada 14 de julio de 2020».

Los investigadores se encargarán de cotejarlos con los examinados ya en el procedimiento a través de la aplicaciones informáticas y « comprobar si en los mismos se da la misma falta de documentación y defectos que en los ya examinados y que se ponen de relieve, especialmente en los informes de la Intervención obrantes en autos».

Entre otras cuestiones, la UCO deberá revisar si los expedientes de subvenciones cuentan con la «debida justificación» y si las empresas carecían de deudas previas con la Administración, incluyendo las de Seguridad Social y Tributarias o si tenía otras ayudas concedidas con anterioridad pendientes de justificación, la correcta baremación de los solicitantes -y beneficiarios- de las subvenciones para formación para el empleo. Además, cotejará la aportación de las facturas justificativas, la correcta acreditación de selección de alumnos y actas de selección de los mismos, así como el cumplimiento de la obligación de contratación por cuenta ajena del 60% de los alumnos en los cursos con compromiso de contratación o la existencia de partes de firmas de los alumnos.

En resumen, el juez insta a la UCO a hacer constar todas las «irregularidades» que encuentre , así como si se inició «el correspondiente expediente o procedimiento debió haber ser objeto de inicio de reintegro total o parcial, conforme a la disciplina administrativa, económica y financiera aplicable».

El juez quiere que la Guardia Civil detalle «cuántos expedientes de reintegro se incoaron respecto de los 15.561 expedientes totalmente justificados a abril de 2016 que se dice en referido informe (anterior) de 25 de abril de 2016, ni los resultantes de los 260 que se dicen parcialmente justificados» en dicho análisis.

En su auto, el magistrado hace hincapié en la necesidad de aclarar si la Junta, a través del Servicio Andaluz de Empleo, benefició a empresas fantasma y sin actividad real, creadas con el único fin de captar fondos publicos. En concreto, insiste en la necesida de determinar tres cuestiones: «a) si las entidades seleccionadas para dar cursos, sin que conste baremación, incluían algunas de constitución ad hoc o meramente instrumentales ; b) si las entidades inscritas en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía existían y tenían efectiva actividad o se constituyeron ad hoc para proceder a su inmediata inscripción.; c) si existen empresas o entidades a las que se les ha concedido subvenciones estando pendientes de justificar anteriores no estando comprendidas en resolución de exceptuación alguna».

El juez solicita un informe sobre si el sistema Júpiter, implantado por la Junta de Andalucía, « permitía registrar como beneficiario de subvenciones a personas físicas o jurídicas o entidades que no estuvieran inscritos en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, o si era posible inscribirlo de forma inmediata y/o simultánea al inicio de la apertura del correspondiente expediente en dicho sistema».

Además, Vilaplana encarga otro estudio sobre « las subsanaciones y/o mejoras introducidas a raíz de la elaboración de los Informes de la Intervención de la Junta de Andalucía sobre Control Especial de Subvenciones de Formación para el empleo, ejercicios 2009-2012 en las distintas provincias andaluzas».

La Audiencia reabrió la pieza clave del fraude de la formación casi tres años después de un carpetazo que supuso un balón de oxígeno para el anterior Gobierno de Susana Díaz . La Junta había mostrado sin disimulo sus ansias por enterrar cuanto antes un caso que ocupaba el primer puesto en su orden de preocupaciones.

La sala ordenó a la juez practicar una serie de pruebas y diligencias de investigación ya admitidas por la juez Mercedes Alaya que su sucesora rehusó llevar a cabo en una causa que analiza las irregularidades cometidas en la concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a cursos por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2012.