El juez sustituto, José Ignacio Vilaplana, pisa a fondo el acelerador a los casos ERE y Formación

El sustituto de Núñez ha acordado diligencias de investigación solicitadas hace meses por el Ministerio Público y el PP andaluz que dormían el sueño de los justos . Ha adelantado interrogatorios de imputados para abreviar plazos, agilizar instrucciones y evitar el riesgo de prescripción. Hasta ha hecho un requerimiento al Colegio de Abogados para que «de forma inmediata» ponga un abogado de oficio a dos investigados en el caso ERE sin recursos económicos.

Ha dictado el auto de apertura de juicio oral en la pieza del Centro de Formación Formades , sin esperar a que la Audiencia resuelva el recurso del PP-A. Ha tomado declaración a testigos e investigados en distintas piezas del caso ERE (Altadis, Graficromo, Cárnicas Segundín, Odiel Press, Nature Pack, Sobrecomisiones). De lunes a viernes. Desde las 9.30 hasta pasadas las 14.00 horas. Sin descanso.

No sólo eso sino que, a diferencia de la titular del juzgado, que sólo solía tomar la palabra al principio para recordar a los investigados su derecho a no declarar y a los testigos su obligación de decir la verdad, Vilaplana toma la iniciativa en los interrogatorios, asaetea a preguntas a los imputados y les llama al orden cuando se van por las ramas o sufren episodios «amnesia» selectiva.

El instructor no dudó en reprender al dueño del prostíbulo sevillano Don Angelo cuando contestaba con evasivas al fiscal. En este club de alterne el exdirector de la fundación Faffe, Fernando Villén, pagó 14.737 euros con una tarjeta oficial y, al día siguiente de la juerga, anuló los cargos realizados.

Con Núñez, los fiscales llevaban el peso de las declaraciones. Con Vilaplana, apenas quedan preguntas en el tintero. «Es lo nunca visto. Manda hasta veinte notificaciones diarias . Aparte de las macrocausas, lleva los asuntos ordinarios del juzgado», comenta un abogado.

Al juez le ha dado tiempo incluso para reactivar una investigación sobre los préstamos millonarios concedidos por la agencia IDEA a las empresas Scafa y Promi, que recibieron también ayudas del fondo de los ERE. A petición de la Fiscalía, dictó un auto el pasado 25 de junio en el que requería abundante documentación a la Intervención General, la Junta y la Cámara de Cuentas para avanzar en la instrucción de esta pieza.