El horario lectivo de Secundaria, pendiente de las 35 horas

Pero la incertidumbre sigue planeando sobre los trabajadores públicos que ayer salieron a la calle para aumentar la presión sobre el Gobierno de Susana Díaz y evitar así que se suspenda esta jornada laboral. En todas las provincias andaluzas, excepto en Sevilla donde fue en la Delegación del Gobierno, se concentraron ante las sedes de las subdelegaciones del Gobierno central para exigir el mantenimiento de este horario.

Unas manifestaciones que fueron convocadas por UGT, Comisiones Obreras y CSIF, los tres sindicatos mayoritarios en la función pública y que pactaron las 35 horas semanales con el Gobierno andaluz. Los líderes sindicales denunciaban ayer que el Ejecutivo central hace «caso omiso» de este acuerdo. El principal argumento de los sindicatos y de la Junta —que van de la mano en este asunto es que esta jornada laboral permite la creación de entre 7.000 y 9.000 puestos de trabajo para atender la demanda de los servicios públicos.

El portavoz del Gobierno de Susana Díaz, Juan Carlos Blanco, pidió al Ejecutivo de la nación que «supere la contradicción» que cree que supone haber recurrido el decreto de la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces y abrir ahora una negociación con los sindicatos para implantarla en toda España.

La Unión sindical de I nspectoresde Educació n (Usie) explican que desde la Consejería no se ha dado instrucción alguna acerca de cómo hay que organizar a la plantilla de cara al nuevo curso. Usie recuerda que la planificación que hizo Educación para este curso 2017/2018 se hizo en función de las 35 horas y que por tanto, de aplicarse el Decreto del Gobierno «sobrarían profesores». No obstante, confían es que la situación puedan solventarse pronto, para lo cual algunos centros están ya buscando medidas alternativas para completar el horario del profesorado, por ejemplo, con horas de apoyo. El vicepresidente de Usie, Manuel López Navarro, reconoció que ni siquiera los inspectores han recibido instrucciones por parte de Educación. «Estamos en el limbo porque nadie ha dicho qué es lo que tenemos que hacer», aseveró López Navarro quien indicó que han sido muchos los centros que se han puesto en contacto con los inspectores para saber cómo tienen que actuar. «Nosotros no podemos suplir lo que no la propia consejería no dicta sólo podemos asesorar y lo legal, en estos momentos, es la aplicación del Real Decreto del Gobierno», precisó. No obstante, desde Usie tranquilizan a los centros: «estamos en «stand by»; hasta que la Consejería no se pronuncie, estamos maniatados».

Desde el sindicato Ustea manifiestan que la situación que sufre el profesorado andaluz de Secundaria no es «un caso aislado» sino «una nueva tomadura de pelo de las muchas que se llevan denunciando años».