La Guardia Civil sostiene que el Consejo de Gobierno «conoció», «amparó» y «cebó» la partida del caso ERE

El último miembro de la Benemérita en testificar, con doce años de experiencia en el Grupo de Delincuencia Económica y de Lucha contra la Corrupción, sostuvo que se implantó un «procedimiento totalmente opaco» para repartir 855 millones de euros en ayudas a prejubilados y empresas en crisis y que no puede explicarse que éste se mantuviera durante años sin que hubiera una «conjugación de voluntades», «un concierto previo» entre altos cargos de la Administración y beneficiarios. Éstos recibían fondos públicos «por vecindad, amistad o afinidad política» al PSOE, puesto que en ningún sitio se publicaban las bases reguladoras de las ayudas ni siquiera éstas existían, subrayó.

La gestión operativa podía residir el despacho de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, que ocupó Francisco Javier Guerrero entre 1999 y 2008, pero la dirección institucional estaba localizada en despachos más elevados que el suyo . «El Consejo de Gobierno -con el presidente al frente- conocía y amparó con modificaciones presupuestarias un sistema que se prolongó durante muchísimos años», aseguró el agente, autor de un atestado remitido al juez del Tribunal Supremo que investigó a los cargos aforados. Fue su respuesta al letrado Luis García Navarro, que representa la acusación del PP, que le había preguntado si el Consejo de Gobierno era conocedor del sistema.

El investigador dio un paso más y aseguró incluso que el Consejo de Gobierno andaluz «pudo parar» el procedimiento de ayudas «ilegales» -así las calificó-. De hecho, aprobó modificaciones presupuestarias para dotar de más fondos a las ayudas sociolaborales antes de la firma del convenio marco del 17 de julio de 2001 por parte de Viera y el entonces presidente de IFA (luego denominada IDEA) para que este órgano instrumental pagara las ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo. Este artificio generaba zonas de sombra porque el interventor no podía fiscalizar las ayudas y conocer su destino. Sólo podía examinar el mecanismo presupuestario empleado para pagarlas: las transferencias de financiación.

A preguntas del letrado del PP, el responsable de la UCO explicó que el Ejecutivo socialista montó «un cortafuegos» para que las ayudas superiores a 1,2 millones de euros no llegaran al Consejo de Gobierno a pesar de que, por su elevado importe, debían ser autorizadas por él. Citó los casos de los convenios particulares firmados para conceder ayudas a las empresas Pickman y A Novo Comlink, que fueron retirados del orden del día de una reunión de la comisión de viceconsejeros, un consejillo presidido por el exconsejero Gaspar Zarrías. En su opinión, no llegaron al Consejo para evitar que las subvenciones fuesen «más conocidas» por la opinión pública.

Como hizo constar en uno de sus atestados, el investigador consideró «un abuso descontrolado» que recibiera 34 millones de euros el entramado empresarial liderado por los exconsejales socialistas de El Pedroso (Sevilla) José María Sayago y José Enrique Rosendo, cuando muchas de sus sociedades estaban «vacías de contenido» y no tienen trabajadores. «Son meros instrumentos para captar fondos públicos», afirmó. Recordó que en una de estas empresas «estaba trabajando» una hija del exconsejero de Empleo José Antonio Viera. Cuando él presidía el IFA, entre enero de 2003 y abril de 2004, se firmaron cinco convenios por los que recibieron 6 millones.