La Guardia Civil destaca que la Junta sabía que pagaba a intrusos dos años antes de estallar el caso ERE

«Desde mayo de 2009 se tenía constancia de la existencia de intrusos en la Consejería de Empleo», ha señalado este agente, que se ha ratificado en el atestado que entregó al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en mayo de 2012 donde analizaba el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, encargada de conceder las ayudas. Los intrusos, un término acuñado en esta causa, eran falsos trabajadores que se colaron en ERE de empresas donde nunca habían trabajado o sólo lo habían hecho pocos meses con el objetivo de que cobraran prejubilaciones financiadas en su mayor parte con fondos públicos sin tener derecho a ello.

El pago de las mismas, en cambio, se delegó en un ente externo, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego reconvertido en la agencia IDEA. El mecanismo presupuestario empleado para enviar el dinero al ente instrumental eran las transferencias de financiación. Una herramienta legal pero que, según la Fiscalía y la Guardia Civil, buscaba eludir los controles a los que está sometido el dinero directamente gastado por la Consejería.

Las diligencias del caso ERE se incoaron en enero de 2011, cuando Alaya descubrió un intruso en un ERE de Mercasevilla, un exdirigente del PSOE de Baeza (Jaén), Antonio Garrido Santoyo. Sin embargo, desde 2009 « ya había indicios de ilegalidad en las ayudas », ha declarado el investigador al hilo de una pregunta formulada por el letrado de la ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina. La Junta rebajó el número de intrusos a 18 ó 20 en un reciente informe, pero este criterio no coindice en absoluto con la tesis de la Guardia Civil, que lo eleva a más de un centenar.

Este agente, que empezó a declarar en el juicio el pasado lunes, ha asegurado que el convenio marco del 17 de julio de 2001 que puso en marcha el procedimiento de concesión de ayudas « desplaza la legislación aplicable », que era la Ley General de Hacienda Pública y el reglamento de subvenciones que la Consejería de Presidencia aprobó meses después, en diciembre de 2001. Este acuerdo, suscrito entre el consejero de Empleo entonces, José Antonio Viera, y el presidente del IFA y viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, «estaba expirado» desde el 31 de diciembre de 2003 y a pesar de ello se continuaron dando ayudas amparándose en el mismo. A juicio del agente de la Guardia Civil, el convenio marco «se renovó de manera artificiosa para seguir dando validez al procedimiento».

El investigador de la UCO ha asegurado que la utilización de las transferencias de financiación para allegar fondos al IFA/IDEA fue «un elemento determinante» en la búsqueda de un procedimiento de reparto de ayudas cuya principal consecuencia era que «tenía una falta de control», dado que las ayudas no se fiscalizaban a priori ni a posteriori.

El letrado del exdirector general de la agencia IDEA Jacinto Cañete le preguntó por el informe adicional al de control financiero permanente enviado en 2005 a los entonces consejeros de Economía y Hacienda, Empleo e Innovación . Tras analizar una muestra de veintena de expedientes de ayudas, el interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez (acusado en este juicio) concluyó que se estaba prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.

El responsable de la Guardia Civil asegura que la Intervención utilizó este sistema alternativo porque el procedimiento no le permitía fiscalizar las ayudas « La Intervención General de la Junta de Andalucía se tuvo que poner las pilas y buscar un sistema adicional», ha afirmado. Si se hubiese aplicado la normativa autonómica, no habría hecho falta utilizar este sistema extraordinario, ha indicado.