El IFA pagaba las ayudas «porque no tenía interventor»

Durbán dejó el cargo dos meses antes de que en julio de 2001 se firmara el convenio marco entre la Consejería de Empleo y el IFA (luego IDEA) para materializar el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis investigadas en el caso ERE. El ex presidente llegó a calificar el convenio institucionalizó el sistema de los ERE como «un poco loco porque es entre dos personas», ya que lo suscribieron el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y su su viceconsejero Antonio Fernández, que asumió el cargo de presidente del IFA tras la marcha de Durbán. El procedimiento consistía en que este ente externo abonaba las ayudas que concedía la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo . Según la Fiscalía y las acusaciones del caso, se buscaba así eludir la fiscalización previa que hubieran tenido si las ayudas las pagaba directamente la Consejería. Por instaurar este sistema están acusados de prevaricación y/o malversación 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En gran parte de su declaración Durbán contrapuso la «independencia» con la que actuaba el IFA bajo su presidencia «profesional» con la llegada de «un político» como Antonio Fernández, primero como vicepresidente del ente y tras su marcha como presidente. Llegó a decir que Fernández lo relevó como vicepresidente porque en la Junta se pensaba que en el IFA «íbamos por libre». Recordó que en el caso de Santana, cuando se fijaron las prejubilaciones, pidió ofertas a «cinco o seis aseguradoras» con las que firmar pólizas de renta y «me llamó Antonio Fernández diciéndome que no era mi competencia». También relató que en el caso de Hamsa se adelantaron pagos por prejubilaciones «por problemas de orden público», ya que los representantes laborales asaltaban el IFA y la Presidencia de la Junta.

Previamente, un sargento de la UCO de la Guardia Civil que instruyó los atestados sobre las ayudas de la Junta a las empresas Gres de Vilches y Manufactura del Corcho (Samec) declaró ante el tribunal que en la investigación constató que conseguidores y mediadores hablaron a los empresarios de las ayudas de la Junta para hacer ERE, que en ambos se detectaron intrusos (prejubilados que no habían trabajado en las empresas) y en el caso de Samec Juan Lanzas cobró el 15% como conseguidor por tramitar ayudas.