El Gobierno salva la Ley de Economía Circular con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos

El Parlamento andaluz ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por Vox y ahora se inician los trámites para que esta ley se debata en los distintos órganos de la Cámara andaluza en un proceso que, al ser por el trámite de urgencia, tardará algo más de seis meses si se apuran los plazos. La idea del Gobierno andaluz es aprobarla antes de las elecciones pero todo está por ver, ya que dependerá de cuándo Juanma Moreno decida darle al botón electoral.

La Consejera de Agricultura, Carmen Crespo , ha destacado que esta ley cuenta con más de trescientas aportaciones de más de cien entidades que han contribuido a su redacción. «Esta norma significa un nuevo modelo socioeconómico y productivo para Andalucía. La Andalucía en la que queremos que un residuo se convierta en una oportunidad y no en un problema como tenemos actualmente».

Un argumento que ha sido corroborado por la diputada de Ciudadanos Ana Llopis, quien ha defendido que «permite cambiar el modelo lineal de fabricar, usar y tirar, eso no es sostenible. además es una ley con un carácter social fundamental, con residuos alimenticios para crear la cadena de valor».

Por parte de Vox, el diputado que ha pedido el veto para esta norma, Rodrigo Alonso, ha censurado que cumple «al dedillo la estrategia de la Agenda 2030, una herramienta para favorecer el globalismo progresista con las doctrinas de la izquierda en nombre de la religión climática».

Desde el PSOE y Unidas Podemos han sido críticos con la norma que plantea el Gobierno andaluz por falta de ambición pero se han mostrado favorables al diálogo y el debate de la misma. Desde el PSOE, Mercedes Gámez ha censurado la falta de medidas concretas en muchos aspectos como el cambio climático, el fomento de las energías renovables o el consumo responsable, mientras que desde Unidas Podemos, Ismael Sánchez ha detallado algunas demandas de su formación para la aprobación final: «la indefinición de las obligaciones que establece, con plazos concretos, y medidas contra la obsolescencia programada».