El fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía ya tiene la primera condena

El juez de lo Penal número siete de Sevilla ha condenado este viernes al propio empresario y otros cinco acusados . Si bien, un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la Junta y las defensas ha permitido una rebaja considerable de las penas finalmente impuesta.

El de este viernes era el tercer intento para celebrar la vista oral para esta causa, tras casi ocho años de instrucción . Y, aunque ha costado lo suyo, las partes han llegado a un acuerdo bastante beneficioso para los acusados. Inicialmente se sentaban nueve investigados, pero la Fiscalía ha retirado al inicio del juicio la acusación para tres de ellos .

De otro lado, el principal acusado, José Sivianes, se enfrentaba a doce años de cárcel como autor de dos delitos de fraude de subvenciones y cooperador necesario de un tercer delito continuado de falsedad en documento mercantil, mientras que para los otros ocho acusados pedía penas de entre seis y ocho años por estos mismos delitos.

Pues bien, el acuerdo ha llevado al juez, ateniéndose a lo negociado entre las partes, a condenar a Sivianes a siete meses y medio de prisión por un delito de fraude de subvenciones y como cooperador necesario de un delito de falsedad documental. Tendrá que pagar una multa de 871.871 euros .

Los otros cinco acusados, algunos de ellos defendidos por Curro Delmás y Rosario Gómez, por su parte, han sido condenados como cooperadores necesario del delito de fraude de subvenciones y como autores de un delito de falsedad documental a seis meses de prisión. Eso sí deberán pagar una multa cada uno de 435.935 euros.

Los seis acusados, de otro lado, tendrán que indemnizar a la Junta de Andalucía con 1.734.743 euros. Una cantidad muy lejana a la que inicialmente pedía el Ministerio Público: 2.750.627 euros , mientras que también solicitaba que la mercantil Formación Integral para el Empleo pagara una multa de 5.501.254 euros . Finalmente a mercantil ha sido absuelta.

Los seis acusados, como no podía ser de otra manera, se han mostrado de acuerdo con esta condena, declarada firme, tras reconocer los hechos. Ninguno pisará la cárcel si no vuelven a delinquir y pagan la indemnización a la Administración autonómica.

Formación Integral para el Empleo se constituyó en octubre de 2001 con la «enseñanza en general» como objeto social. Esta empresa sevillana fue adquirida en 2005 por la esposa de Sivianes, que en 2012 pasa a ser administrador único de la misma. Éste, según el relato de los hechos de la Fiscalía admitido por los condenados, ya era de facto el que controlaba la empresa desde 2005.

Sivianes, como autónomo, también se dedicaba al sector de la enseñanza y formación profesional. Es decir, el empresario y su empresa se dedicaban a lo mismo aunque se presentaran como «dos empresarios legalmente diferenciados» que se dedicaban a impartir cursos de formación profesional, en su mayoría subvencionados por la Junta. Tenían los mismos ingresos, los mismos proveedores y los mismos locales donde dar las cursos . La actividad empresarial de Sivianes y de su sociedad se llegaban a confundir.

A finales de 2010, la Junta concedió a Sivianes una serie de subvenciones para realizar cursos de formación profesional para el empleo por cuantías mayores a las recibidas en ocasiones anteriores.

Sivianes, «con ánimo de enriquecerse», entre los años 2011 y 2012 creó «una estructura organizativa» destinada a q uedarse con dos tercios de los fondos públicos recibidos . Es decir, estos dos tercios del dinero no irían a los fines para los que fueron concedidos: la formación de desempleados.

La estructura fraudulenta tenía una doble vía . Por un lado, se incrementaban ficticiamente los gastos de los servicios de docencia mediante la subrogación para tales servicios de terceros, también acusados y condenados este viernes. Éstos nunca realizaban los cursos. Eran simples testaferros de Sivianes, que era quien hacía los cursos.

La segunda vía del fraude era aumentar también ficticiamente los gastos de los suministros de material didácticos. Estos empresarios emitían facturas y presupuestos falsos. Así, Sivianes se quedó con 1.120332 euros en 2012 del importe total de 1.743.742 euros de la subvención que ingresó Sivianes de la Junta un año antes. Este es el dinero que todos los condenados deberán devolver ahora a la Administración autonómica.

Los acusados y ahora condenados aprovecharon el sistema de justificación de las ayudas de la Junta para engañar a la propia administración. Es decir, una vez concedida la subvención, se adelanta el 75 por ciento del importe total, debiendo el beneficiario (Sivianes), dentro de los tres meses siguientes a la finalización de los cursos, presentar la cuenta justificativa de los gastos para recibir el 25 por ciento restante.

Así, en diciembre de 2010, Sivianes recibió una subvención de 2.324.990 euros. Entre mayo y junio de 2011 recibió en distintos pagos el 75 por ciento de dicha ayuda: 1.743.742 euros. Una vez ingresadas tales cantidades, los acusados impartieron los cursos de formación, pero incrementaron ficticiamente los costes, ocultándolo a la Junta en la cuenta justificativa.

Para ello, inflaron los gastos de docencia, contando Sivianes en esta artimaña contable con los condenados J.C.P.N., A.M.R.C., N.H.S. y M.J.M.R., estos formadores, con ánimo de enriquecerse también, elaboraron facturas por trabajos de gestión de la docencia y organización de los cursos que impartía Sivianes que no correspondían con la realidad.

La juez que investigó los hechos señaló en el auto de apertura de juicio oral algunas de estas maniobras para facturar más: «si eran 20 euros, se facturaban 80» por hora de docencia; «el mismo concepto de factura por duplicado», y «se facturan productos inexistentes o no suministrados, por ejemplo, monitores de 17 pulgadas».

Para el sistema falseario de facturas en suministros de material, Sivianes contó con la ayuda de V.M.F.S., dueño de Vicafer Gestión y Bio Oil Doñana. Y ello pese a ser Vicafer una empresa dedicada al comercio de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles y Bio Oil Doñana al comercio al por mayor de alimentos. Este condenado emitió facturas por suministros de material didácticas falsos, pues no se dedicaban a este sector.

Después aparece la Copistería Ibercopy . Uno de los socios de esta mercantil, J.C.P.N., también ha sido condenado. Elaboraba presupuestos de material didáctica con precios inflados.