El primer juicio por la formación, suspendido hasta abril de 2020 por un cambio de abogado de la defensa

En concreto, el abogado del acusado Fernández Sanz ha trasladado a la juez que se había personado en la causa el pasado 5 de junio y que no había tenido tiempo de revisar todas las actuaciones, por lo que ha pedido al inicio de la sesión de este martes la suspensión del juicio alegando posible indefensión para su cliente. A esta solicitud se han adherido el resto de letrados defensores y no han presentado su rechazo las acusaciones.

La magistrada, ante tal solicitud, ha acordado la suspensión de la vista oral y un nuevo señalamiento en 2020 . En concreto, el juicio comenzará el 13 de abril y se prolongará hasta el 24 de ese mismo mes.

Sivianes, su esposa y siete acusados más tienen que sentarse en el banquillo por organizar una trama que logró la concesión de subvenciones de la Junta de Andalucía para programas de formación que durante tres años, entre 2010 y 2012 , sumaron más de cinco millones de euros , cursos que presentan numerosas irregularidades.

La Fiscalía de Sevilla solicitó en su escrito de conclusiones provisionales penas de entre seis y doce años de cárcel para Sivianes y los otros ocho acusados en relación con las ayudas que recibió en subvenciones destinadas para cursos de formación de desempleados.

Concretamente el Ministerio Público solicitó la pena máxima, doce años de cárcel, para José Sivianes como autor de dos delitos de fraude de subvenciones y cooperador necesario de un tercer delito continuado de falsedad en documento mercantil , mientras que para los otros ocho acusados pide penas de entre seis y ocho años por estos mismos delitos.

De igual modo, la Fiscalía solicita que todos los acusados por estos dos delitos de fraude de subvenciones indemnicen conjunta y solidariamente con 2.750.627 euros a la Junta de Andalucía , mientras que también solicita que la mercantil Formación Integral para el Empleo pague una multa de 5.501.254 euros

La juez que instruyó el caso señaló en su auto de apertura de juicio oral, con fecha de septiembre de hace tres años, concluye que «gran parte del dinero defraudado se canalizó a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia , junto con la duplicidad en las horas facturadas, y operaciones de ampliación de capital que no son sino mecanismos ficticios».

En el mismo auto se indica que la inspección de Hacienda «ha estimado que para los ejercicios fiscales del 2011 y 2012 se ha realizado una efectiva defraudación superior a los 120.000 euros, para cada ejercicio, y tanto en la declaración del IRPF como en la tributación correspondiente al impuesto de sociedades».

Además, la juez ve indicios de fraude de subvenciones correspondientes a ayudas de formación «por haber falseado las condiciones requeridas para la concesión de las mismas en un importe superior a los 120.000 euros y delito continuado de falsedad documental».

En un auto de noviembre de 2015, la juez instructora señalaba que «los cursos subvencionados fueron impartidos , pero el coste real de los mismos es muy inferior al justificado ante la Administración». La Junta de Andalucía se limitaba a hacer «una comprobación formal del dinero empleado», sin entrar a «valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas».

Aprovechando estos resquicios, se utilizaron distintos «mecanismos ficticios» para justificar las ayudas. « Si eran 20 euros, se facturaban 80» por hora de docencia ; «el mismo concepto se factura por duplicado, y se facturan productos inexistentes o no suministrados, por ejemplo, monitores de 17 pulgadas».

Los alumnos declararon que el material entregado es «justo o escaso». Para emitir las facturas , cuenta con la colaboración activa de Fernández Sanz. Su sociedad Vicafer Gestión S.L. aparece como proveedora de material didáctico «y ello pese a ser Vicafer una empresa dedicada al comercio de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles».

Otras facturas presentadas para justificar los cursos son emitidas por otra empresa suya, Bio Oil Doñana S.L., en concepto de alquiler de mesas y sillas y mantenimiento de ordenadores «sin ningún contrato que lo documente». Bio Oil Doñana S.L. se dedicaba al comercio al por mayor de alimentos . El análisis de la documentación lleva a la juez a concluir que el suministro «no es real» puesto que ni una ni otra empresa proveedora «"tienen infraestructura , instalaciones (los domicilios sociales son domicilios particulares) o medio de producción que les permitan asumir eso servicios».

«Los cursos se impartieron pero en un coste real del 70 por ciento menos de lo documentado a la Junta», señala la juez. «Gran parte del dinero defraudado se canaliza a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia». Con el asesoramiento fiscal de Fernández Recio, la empresa utiliza como «contratantes de formadores» a cinco personas, logrando que «éstos colaboren activamente en el f raude de subvenciones y el delito fiscal ». Todos ellos están procesados.

De ellos, Antonio Torres Granados sobresale como «el mayor proveedor irregular de servicios de cesión de horas docentes». En su cuenta figuran entradas por importe de 661.000 eruos y salidas de efectivo de 553.000 euros. Torres Granado es hijo de Antonio Torres García, exalcalde de Lebrija (Sevilla) durante 24 años y cobró más de medio millón de euros durante once años como empleado de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), hoy centro de investigación por la contratación de sus empleados y por el uso de las tarjetas por sus gestores.