La Fiscalía Anticorrupción advierte a la juez Núñez del riesgo de prescripción en el caso ERE Andalucía

La instructora del caso ERE desoye una petición del Ministerio Público para investigar la concesión y pago de una ayuda de 100.000 euros a la empresa Piensos Andaluces Compuestos S.A. (Pacsa Sanders) con cargo a la partida presupuestaria 31L, que fue bautizada por el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero como «fondo de reptiles», aunque luego se retractó.

En el recurso registrado en el juzgado el 7 de mayo pasado, al que ha tenido acceso ABC, la Fiscalía recuerda que solicitó a la magistrada que dirigiera un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil « a fin de elaborar un atestado sobre la ayuda» a la citada sociedad . El auto recurrido «no se pronuncia sobre la procedencia o no de las peticiones del fiscal», añade el Ministerio Público.

Anticorrupción apremia a la instructora a mover ficha para evitar que puedan quedar impune « una conducta incidiariamente delictiva » ante el riesgo de que prescriba y deje de ser perseguible. «Procede acordar la práctica de las diligencias interesadas y el traslado del contenido del artículo 118 de la Ley de Enjuciamiento Criminal a las personas relacionadas ante el riesgo de prescripción », advierte en su escrito enviado al juzgado. Añade que, con independencia del atestado que elabore la UCO, deben ser citados a los investigados «como propia garantía para los mismos» con el fin de que puedan «ejercitar ya su derecho de defensa interviendo en las actuaciones».

Desde el Ministerio Público piden que la resolución sea reformada para practicar las citadas diligencias. Expone que el informe de la Administración General de la Intervención del Esstado y el expediente de la Junta de Andalucía sobre la citada subvención ya apuntan a un supuesto delito en relación con la ayuda de 100.000 euros concedida a esta empresa fabricante de productos para la alimentación de animales de granja que se ubica en la localidad sevillana de Dos Hermanas.

La ayuda fue pagada con cargo al programa de los ERE el 17 de octubre de 2008. El próximo mes de octubre se cumplirá, pues, una década desde que el director general de Trabajo de la Junta de Andalucía abonó la subvención. Diez años es el plazo máximo para actuar contra los perceptores de ayudas inferiores a 450.000 euros. Quince, para el resto.

La Junta de Andalucía tiene complicado recuperar el dinero. Según el Registro Mercantil, la sociedad está inmersa en un proceso de liquidación. Mediante un escrito del 24 de abril, los fiscales delegados pidieron a la juez la incoación de una pieza separada de la macrocausa de los ERE y el traslado de su contenido a las personas relacionadas con la concesión y pago de la ayudas, así como «la acumulación» a las diligencias previas que se centran en la comercializadora sevillana Huevos Giralda.

En el año 2016, doce empresarios procedentes de la Sierra Norte de Sevilla y beneficiados con ayudas vieron archivados los cargos que pesaban sobre ellos al haber prescrito sus delitos. A pesar de que el proceso utilizado fue supuestamente ilegal, se libraron de ser juzgados por la tardanza de la Justicia. Tras ellos, ha habido más prescripciones.