El expresidente de Invercaria cuestiona la imparcialidad del tribunal que juzga al presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno

Esto ha sido lo más relevante de la primera sesión de la vista oral que celebra la Sección Cuarta de la Audienci a, cuyo tribunal está compuesto por tres magistradas, dos de las cuales ya han sido enjuiciadoras en otras piezas de Invercaria, en concreto Mercedes Fernández y Carmen Barrero.

Esta circunstancia ha llevado a la defensa de Tomás Pérez-Sauquillo ha exponer en el trámite de cuestiones previas que el tribunal no cumple con la imparcialidad exigida, más bien está «contaminado» por la presencia de magistradas que ya han juzgado otras piezas.

Al escuchar esta afirmación, la presidenta del tribunal, Margarita Barros, ha preguntado directamente al letrado si estaba planteando la recusación de alguna de las integrantes de la Sala. La respuesta ha sido que no y ha precisado que sólo pide «acomodar» el tribunal a una conformación «más imparcial» .

Ante esta sorprendente petición, el fiscal anticorrupción Fernando Soto ha manifestado que no se estaba planteando una recusación, porque no es el momento procesal oportuno, y que «no cabía una alegación genérica que carece de sentido».

Además, ha asegurado que esa presunta parcialidad alegada por la defensa no supone una indefensión, pues ha insistido en que cada pieza de Invercaria tiene un objeto de procedimiento distinto, salvo el elemento común del escenario: la empresa pública de capital riesgo. «No hay contaminación alguna» , según el fiscal.

El tribunal, tras un receso para deliberar, ha desestimado el planteamiento de la defensa de Pérez-Sauquillo por extemporánea y porque la participación de dos de las magistradas de la Sala «no compromete la imparcialidad» de la misma.

Sí ha aceptado el tribunal, en cambio, que los acusados sean interrogados al final de la prueba y que no tengan que comparecer obligatoriamente a todas las sesiones de la vista oral.

En esta séptima pieza que se juzga de Invercaria se vuelve a sentar en el banquillo el expresidente de la empresa pública, Tomás Pérez-Sauquillo, sobre el que ya pesa tres condenas y una absolución . Está pendiente de conocer las sentencias de los juicios por los préstamos a Lolita Canalla y Cedes Electria. El expresidente está acusado de prevaricación y malversación y la Fiscalía reclama para él diez años de inhabilitación especial por el primer delito y seis años de cárcel y diez años de inhabilitación absoluta por el segundo.

Junto a Pérez-Sauquillo se sientan Manuel Vizcaíno , promotor y consejero de Own&Spa, y su hermana, consejera de la misma. Éstos se enfrentan, como inductores de los dos delitos, a once años de inhabilitación especial dos años y medio de cárcel .

En enero de 2007, Manuel Vizcaíno « contactó con Invercaria, aún sin haber constituido sociedad alguna , pero con la idea de desarrollar un negocio de spa ligado a la actividad inmobiliaria«, constituyendo la sociedad Own&Spa, con sede social en la localidad sevillana de Bomujos , en febrero de ese año junto a su hermana, pero sin que se conozcan «centros de trabajo, producción o trabajadores».

La hermana del presidente del Cádiz C.F., según la Fiscalía Anticorrupción, se habría hecho después «cargo del proyecto», contactando con Invercaria, y tras diversas gestiones, Pérez-Sauquillo, «a sabiendas de que el director de Promoción (Cristóbal Cantos) se había opuesto» al proyecto de inversión en esta sociedad y de «que el proyecto tampoco fue analizado por el departamento de Análisis, tal y como describe el procedimiento establecido en el plan director de la compañía, decidió personalmente conceder la ayuda « solicitada por los empresarios.

Pérez-Sauqillo, como presidente de Invercaria, habría elevado el proyecto de inversión al consejo de administración de la entidad, manifestando «que la inversión había sido aprobada por el comité de inversiones», aprobando el consejo « una financiación de 600.000 euros mediante una toma de participación de 300.000 euros y un préstamo participativo« por el mismo importe.

Sin embargo, el consejo de administración sometió (la inversión) a la condición suspensiva de obtener autorización del consejo rector de la Agencia Idea, autorización que no se obtuvo, según subraya la Fiscalía, según la cual Pérez-Sauquillo firmó una a, de manera «injustificada», y después otorgó un préstamo participativo a la entidad, también por importe de 150.000 euros .

Junto al pacto de inversión y el préstamo participativo, habría sido incluido un acuerdo entre la sociedad Own&Spa y la entidad mercantil ATT SL, perteneciente a la acusada, mediante la que ATT «prestaba asistencia financiera, de marketing u organizativa», es decir «la totalidad de la gestión de Own&Spa», toda vez que la hermana de Vizcaíno ingresaba 3.050 euros mensuales de ATT y el personal de dicha entidad eran «los socios» de Own&Spa.

Según la Fiscalía, Own & Spa cuantificaba la inversión de su proyecto en 1,97 millones de euros, solicitando a Invercaria un préstamo participativo de 332.073 euros , un 16,8 por ciento del total marcado, si bien posteriormente la entidad habría aportado «nueva documentación» incrementando a 1,18 millones el capital requerido a Invercaria, «lo que suponía un 60 por ciento de la inversión total».

«Siempre y en todo caso, la viabilidad del negocio estaba condicionada a la obtención de la financiación pública requerida«, indica la Fiscalía, precisando que con relación al mencionado préstamo, Own & Spa »sólo satisfizo el primer vencimiento, ocasionando un perjuicio de 304.044 euros al erario público «.

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