El expresidente de Invercaria y los documentos fantasmas

Fumapa recibió en 2008 un préstamo participativo por valor de 300.000 euros . Esta empresa, radicada en La Carolina , era auxiliar de Santana , industria que contaba con el respaldo del Gobierno andaluz en esa época. Fumapa se declaró finalmente en concurso de acreedores , una operación que habría derivado en un perjuicio de 359.581,6 euros para las arcas autonómicas.

En esta cuarta pieza de Invercaria que llega a juicio están acusados el que fuera presidente Tomás Pérez-Sauquillo , ya condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza correspondiente al préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, la exconsejera de la agencia IDEA y vocal del consejo de administración de Invercaria Isabel de Haro, el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete , condenado a inhabilitación especial por prevaricación en la pieza política de los ERE; el vocal del consejo de administración de Invercaria y del consejo rector de IDEA Ramón Martín; y los directivos de Fumapa y Fumafra Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez.

Según la Fiscalía, Invercaria aprobó el préstamo participativo de 300.000 euros pese a la presunta «inviabilidad en todos los sentidos de tal ayuda», después de que los empresarios presentasen sólo «dos folios manuscritos que contenían una serie de gastos entre 2005 y 2008», así como un inventario de inmovilizado de Fumapa y su sociedad derivada Fumafra. El citado préstamo habría sido concedido «sin contar con expediente de inversiones aprobado ni por el departamento de Análisis (de Invercaria) ni por el comité de Inversiones conforme a lo que se regulaba en el plan director de la compañía, ni mediar plan de negocios ni análisis de inversión».

Sí existe en la causa referente a Fumapa un informe previo del que fuera director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos, acusado en otras piezas relativas a la gestión de la entidad y que en este juicio acudirá como testigo. En este informe, que hizo llegar a Pérez-Sauquillo, señalaba que Fumapa tenía «un perfil positivo para recomendar la inversión solicitada», pero subordinando tal dictamen a «la necesidad de la auditoría de cuentas del ejercicio 2007 , la diversificación de la cartera de clientes y un informe sobre la gestión de la empresa». El expresidente acusado no sabe si esto se hizo, era asunto de «Cantos».

Este viernes, Pérez Sauquillo ha defendido que a la hora de aprobar el citado préstamo participativo para Fumapa en el consejo de administración de Invercaria, pesaba «una propuesta de inversión, resumen ejecutivo, plan de negocio y toda la documentación necesaria y suficiente» para validar la inversión, tachando de «documentito» el mencionado informe de Cristóbal Cantos, que según sus palabras no tuvo «en cuenta» porque fue aportado por Cantos sin que él se lo solicitase y la operación ya contaba con «toda la documentación» requerida, con lo que se trataba de una «inversión con todo rigor profesional».

Sin embargo, el fiscal anticorrupción Fernando Soto ha preguntado a Pérez-Sauquillo si él tiene esa documentación. El acusado ha dicho que «no sabe dónde está». Incluso le ha preguntado al fiscal si él sabía dónde se encuentra. Pérez-Sauquillo defiende que esa documentación existía pero ahora no se encuentra. Son los documentos fantasmas.

En este sentido, cabe recordar que Pérez-Sauquillo se querelló en 2019 contra Cristóbal Cantos, acusándole de falso testimonio y estafa procesal bajo la premisa de que éste, como director de Promoción de Invercaria, habría podido «cambiar, ocultar o extraviar» documentación de las inversiones de Invercaria, entre otros aspectos. Esta querella fue archivada y está pendiente de recurso.

Pérez-Sauquillo ha insistido en que el citado plan de negocios y el resumen ejecutivo es «documentación que de alguna forma no se está encontrando, pero que ha existido». En ese mismo sentido, ha dado por «absolutamente seguro» que la operación fue abordada en el seno del comité de inversión de la entidad.

La Fiscalía pide para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo seis años de prisión por malversación y 25 años de inhabilitación, quince de ellos por el mismo delito y diez más por prevaricación. Pérez-Sauquillo ha asegurado que nunca tuvo una reunión con el exconsejero de Innovación socialista Francisco Vallejo para abordar este prestamo, sino que hablaron de Fumapa en una conversación porque él tenía interés en conocer la opinión del dirigente socialista.

El acusado ha insistido en la defensa de su actuación. « Jamás aprobé una inversión en contra de la opinión de los técnicos de Invercaria», ha aseverado. En cuanto a los requisitos del Plan Director de Invercaria, Pérez-Sauquillo ha insistido en que era «un borrador, un documento orientativo que se quedó obsoleto en poco tiempo« dado el número de proyectos de inversión que estaba canalizando Invercaria y la escasa plantilla de la empresa pública.

Y mientras la Fiscalía avisa de que Fumapa y su sociedad derivada Fumafra no dedicaron el dinero del préstamo participativo a inversiones, sino «al pago de deudas con terceros, Seguridad Social y Agencia Tributaria», cayendo finalmente ambas sociedades en concurso de acreedores, Pérez-Sauquillo ha defendido que el proyecto de inversión en Fumapa fue diseñado «con rigor profesional» , señalando la gran crisis económica afrontada en aquellos años y que «la gestión que haga el empresario» del dinero concedido «puede ser la que sea».

Al punto, ha defendido que Fumapa era una sociedad que contaba con «20 años» de trayectoria a sus espaldas y había comenzado a «dar beneficios, con una previsión atractiva », extremos considerados a la hora de aprobar el préstamo participativo.