El expresidente de Invercaria dio 100.000 euros a Lolita Canalla a petición de su vecino

La Audiencia de Sevilla dejó ayer visto para sentencia el juicio sobre esta pieza de la macrocausa de corrupción de Invercaria, que salpicó a los gobiernos socialistas en Andalucía. Se sientan en el banquillo Pérez-Sauquillo, María Malo y su jefe de publicidad y comunicación, Ignacio Jarillo, por supuestos delitos de prevaricación y malversación. Según la Fiscalía, este préstamo se concedió por parte de Pérez-Sauquillo sin analizar ni supervisar la propuesta empresarial de inversión: «Invercaria no podía hacer lo que quisiera, sino lo que le permite la ley. No cabe en el ordenamiento jurídico que salga un solo euro público sin seguir un procedimiento».

La última sesión del juicio tuvo como protagonista a Tomás Pérez-Sauquillo. Ya acumula varias condenas. Ahora se enfrenta a seis años de cárcel. Ayer aseguró que no conocía «absolutamente de nada» a los dos restantes acusados y responsables de la sociedad Lolita Canalla, si bien, el fiscal, atendiendo a la declaración de Cristóbal Cantos, quien fuera director de Promoción de Invercaria y denunciante de esta causa de corrupción, apuntó a la relación de amistad del expresidente y Jarillo. «Eran vecinos».

En este sentido, añadió que el expresidente no atendía a todas las empresas que querían pedir los préstamos de Invercaria, y a Jarillo lo recibió desde el primer día. Era el interlocutor en este asunto.

La Fiscalía mantiene que la empresa Lolita Canalla solicitó una ayuda a Invercaria de entre 700.000 y 800.000 euros, cuando estaba «en causa legal de disolución» a la fecha de solicitar el préstamo (2008-2009) y de iniciar los contactos con Invercaria, siendo «decisiva» en el asunto « la relación de amistad y vecindad» de Jarillo con Pérez-Sauquillo.

Finalmente, el préstamo se quedó en cien mil euros, pero fue por decisión «de los técnicos», según Pérez-Sauquillo, refiriéndose a Laura Gómiz y Cristóbal Cantos. Ella fue directora de la sociedad pública de capital riesgo.

La Fiscalía fue muy clara cuando explicó que la acusación de prevaricación y malversación contra el expresidente es por la falta de análisis de la solicitud del préstamo, aunque precisó que no hubo solicitud documental, ni tampoco seguimiento.

Fue una «decisión» propia de Pérez-Sauquillo al margen de los procedimientos de la entidad, según el Ministerio Público, que destacó que la entidad beneficiaria no devolvió ni un euro del préstamo recibido. «No lo hizo ninguna empresa».

Pero Pérez-Sauquillo aseguró que el asunto cayó «en manos» de Cantos, en quien descargó toda la responsabilidad de la gestión de este préstamo. La enemistad entre ambos es conocida. Ayer volvió a insinuar que accedió a todos los expedientes de los préstamos y que faltan algunos en Invercaria. Cantos fue «el gran defensor» de este proyecto, según el acusado.

Éste explicó que hubo « discrepancias» entre Cantos y Gómiz respecto al proyecto de inversión en Lolita Canalla, y que se le dio cien mil euros por decisión de éstos, no suya.

El fiscal Fernando Soto expuso en su informe final que Lolita Canalla, la empresa de María Malo , residente actualmente en Indonesia y aún en el mundo de la moda, como demuestra el hecho de que la Reina Letizia haya usado algunos de sus vestidos en sus últimos actos, no era una empresa estratégica para contar con una ayuda como empresa semilla o 'start up'.

En este asunto Pérez-Sauquillo se enfrenta a seis años de cárcel y los otros dos acusados a dos años y medio de prisión.