El exministro Bernat Soria se escuda en una tradición de su pueblo para no saldar una deuda

El que fuera científico de cabecera de la Junta de Andalucía –que le pagaba unos 150.000 euros brutos mensuales hasta su despido en mayo de 2019– está investigado por supuesta frustración de la ejecución de la sentencia y alzamiento de bienes , delitos penados con entre uno y cuatro años de cárcel.

En su declaración ante la magistrada María Núñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el exministro relató que en Carlet es costumbre que cuando un padre de familia se va a jubilar traspase todos sus bienes a sus herederos, según informaron a ABC fuentes del caso. Su padre lo hizo cuando se retiró y él ha continuado con este rito, por lo que negó que pretendiera de este modo frustrar las aspiraciones de su acreedor para recuperar el dinero. Cansado de recibir «evasivas y falsas promesas» de pago, el administrador de la empresa Vegetal Green S.L. presentó una querella criminal contra Bernat Soria como propietario de la empresa Newbiotechnic, que se había declarado en concurso de acreedores en 2017, meses después de recibir el préstamo.

El pleito se saldó con una condena del Juzgado de Primera Instancia 27 de Sevilla al querellado, entre otros, para abonar de manera solidaria la cuantía de 400.000 euros más las costas del procedimiento e intereses: 516.000 euros en total . La deuda también se le reclama a José Antonio Mateos Fernández, que fue director general de Infraestructuras y Sistemas de la Junta de Andalucía. En su declaración judicial, que no duró ni media hora, Bernat Soria aseguró que tal deuda no existe porque había sido «comprada» por su sociedad y que cuando hizo la donación a sus dos hijas, que también están investigadas, era solvente para afrontar sus obligaciones . Añadió que la citada sentencia está recurrida. Sus hijas, que declararon por videoconferencia desde Madrid y Ginebra (Suiza), corroboraron las explicaciones de Soria y aseguraron que ignoraban que tuviera deudas pendientes. El entorno del antiguo político socialista declinó hacer declaraciones a este periódico.

El 4 de septiembre de 2019 el exministro acudió a un notario de Sevilla para escriturar a nombre de sus hijas dos bienes inmuebles en Sevilla, un garaje y el 50% del chalé en la playa que comparte con su mujer en Alicante, posesiones que están valoradas en 1,2 millones de euros. En Valencia sólo se paga el 1% en las donaciones de padres a hijos empadronados en esta comunidad. Seis días antes, la sociedad acreedora le había enviado por correo electrónico un requerimiento en el que daba un ultimátum para que se aviniera a abonar los 400.000 euros o, de lo contrario, ejecutaría el crédito. Vegetal Green S.L. había adquirido en 2018 el derecho al cobro del citado crédito que había concedido en julio de 2016 un socio inversor, Bula Investment Company S.L., a Newbiotechnic S.A.

Este laboratorio de Soria abanderaba un proyecto «pionero y único en España», según lo publicitaba en su página web, que consistía en analizar el ADN de los perros a través del excremento que dejaban en la calle para 'fichar' a los dueños de las mascotas.

«El querellado con la colaboración de sus hijas, queda totalmente insolvente sin poseer actualmente patrimonio alguno», lo que frustra «cualquier tipo de ejecución» de la resolución, se quejó el abogado de Vegetal Green S.L., Pedro María Mancera, en la querella que da pie a esta causa. El exministro donó un inmueble en Sevilla a sus hijas reservándose el usufructo vitalicio. También les traspasó un inmueble con garaje en Alicante y el 50% de la titularidad de su vivienda familiar situada en la urbanización Los Torreones de la playa de San Juan en Alicante.

Debido a los impagos, Soria tiene embargados el usufructo de los citados bienes, 2.413,25 euros que figuraban en una de sus cuentas corrientes, «ya que todas las cuentas habían sido vaciadas justo antes de la ejecución», según el querellante. Además, el juzgado le retiene 859,16 de su pensión como jubilado. Dicha cantidad es una minucia comparada con el sueldo de 150.000 euros que le pagaba la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía que le fichó en 2009, siendo consejera de Sanidad la actual ministra María Jesús Montero. El científico permaneció en el puesto durante una década.

El nuevo Gobierno del PP y Ciudadanos lo despidió en mayo de 2019 al descubrir que había estado compaginando sus negocios privados en dos empresas con el contrato de alta dirección, incumpliendo una cláusula de exclusividad.