Bernat Soria ocultó a la Junta de Andalucía sus negocios con un sueldo estratosférico

El pasado mes de mayo, la fundación también prescindió del profesor británico Shomi Bhattacharya , director del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer). La entidad lo penalizó con un despido disciplinario por haber consentido que un miembro de su equipo, el investigador Abhay Krishan, no fuera a trabajar «durante largo tiempo» a la fundación que lo había contratado . Cobraba un sueldo público pero en realidad estaba trabajando para una compañía privada.

Las distintas sentencias que penalizan al SAS por la cesión ilegal de trabajadores de esta fundación confirman que estas irregularidades laborales no eran casos aislados.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) es el organismo público que gestiona toda la red de hospitales y centros de asistencia, que da trabajo estable a más de 95.000 profesionales . La Consejería de Salud cuenta, además, con un entramado compuesto por nueve fundaciones y cinco agencias públicas empresariales, una suerte de «sanidad paralela» sostenida con subvenciones y transferencias de dinero procedentes de los presupuestos autonómicos, que cuentan con más de 2.200 trabajadores. Su gestión no está sometida a los severos controles que imperan sobre el dinero directamente gastado por la consejería. Aunque su principal fuente de financiación es la propia Junta de Andalucía , las fundaciones sanitarias son entidades jurídicas de Derecho privado y sin ánimo de lucro.

El acceso del personal no se realiza a través del clásico sistema de oposiciones y concursos que impera en el SAS. La Ley de Fundaciones de Andalucía, de 2005 , no marca pautas más allá de señalar que la selección del personal «deberá realizarse, en todo caso, con sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad». En la práctica, cada entidad ha aplicado su propio sistema de selección.